
El fiscal Juan Ticheli, encargado de multiplicar causas judiciales contra defensores del agua en la pueblada de diciembre de 2019, es quien amplió ahora acusaciones contra vecinos y asambleístas de Uspallata que se oponen a la minera San Jorge.
Fue después de la pueblada del sábado 26 de enero en Uspallata, cuando miles de vecinos tomaron las calles de la tranquila villa cordillerana para decir "No a San Jorge", y pocas horas antes de la masiva marcha de este sábado 1 de febrero, cuando esa bandera obtuvo un masivo respaldo popular.
Ticheli es el fiscal que el oficialismo uso para perseguir a defensores de la Ley 7722 en diciembre de 2019, cuando Rodolfo Suarez intentaba imponer a fuerza de pactos legislativos y represión la llamada ley de cianuro, porque legalizaba el uso de esa sustancia en la minería.
En medio de esa avanzada, los fiscales -comandados por el cornejista Alejandro Gullé en la Procuración- multiplicaron imputaciones contra manifestantes, vecinos y asambleístas. Los memoriosos recuerdan aún la postal de la policía científica peritando en la peatonal las pintadas con aerosoles a pedido de la justicia.
Una de las imputadas, perseguida hasta hoy con una causa abierta, es Nora Moyano, acusada por Ticheli por "privación ilegítima de la libertad" de legisladores por manifestarse afuera de la Legislatura con otros miles de mendocinos.

Como parte de la persecución judicial, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.
Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.
Ahora ese fiscal amplió la imputación de vecinos y referentes de Uspallata conocidos por su oposición a la mina. Uno de ellos es Mauricio Cornejo, dueño de un local de regionales, a quien Ticheli le atribuyó intimidación pública, y el otro es Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, a quien le endilga "amenazas coactivas agravadas".
El oficialismo busca vincular a estos dos vecinos con una pelea personal entre el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera, y el dueño de una gomería que quemó el comercio de Vera por una vieja rencilla. La propaganda oficial intenta que este episodio piromaníaco sea percibido como "violencia antiminera", cuando el propio Vera separó las aguas en una nota periodística.
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