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Alfredo Cornejo respaldó públicamente a Humberto Mingorance, titular de Aysam a raíz de la imputación judicial que pesa sobre él y otros directivos por el vuelco de líquidos cloacales en el canal Pescara, lo que causó un verdadero desastre ambiental que afecta directamente a los vecinos de Los Corralitos, Guaymallén. El mandatario descartó cambios en la conducción de la empresa y defendió a su funcionario de confianza, en medio de la crisis y las crecientes protestas en la zona.
Según la defensa del mandatario, la salida de Mingorance no resolvería el problema de fondo, ya que la solución sanitaria depende de las inversiones que la Provincia está ejecutando en materia de agua y cloacas. “Cambiar a un funcionario no cambia la situación estructural”, enfatizó.
El gobernador incluso cuestionó a la Justicia por la imputación. “Yo no comprendo mucho esa imputación, porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer”, dijo en defensa de Mingorance. Con esa frase, buscó instalar que la decisión de volcar residuos cloacales en canales de riego fue inevitable ante la falta de infraestructura.
Aysam y los vuelcos de cloacas en Godoy Cruz
Cornejo aprovechó la ocasión para desplegar un extenso relato sobre la historia de la empresa estatal de agua y saneamiento. Recordó la privatización en los años 90, la falta de inversiones de los concesionarios franceses, la estatización en 2008 y el juicio perdido en el CIADI. Según el mandatario, desde entonces la empresa prácticamente no recibió inversiones en cloacas ni en ampliación de la red de agua, situación que su gestión busca revertir. “Estamos haciendo la inversión más relevante en toda la democracia en materia de agua, saneamiento y cloacas”, aseguró.
En su intento de defender a Mingorance, quien acompaña a Cornejo desde que era intendente de Godoy Cruz, el gobernador dijo que cuando las cloacas colapsaban en pleno centro de ese departamento bajo su mandato, Aysam derramaba líquidos en el zanjón Maure.
“Esto es un problema recurrente”, señaló, para justificar que la crisis actual en Corralitos forma parte de un plan integral que se está ejecutando.
La imputación y las responsabilidades
La causa judicial involucra a Mingorance y a los gerentes Darío Hernández y Carlos Sifuente, acusados de volcar residuos cloacales en canales de riego. Cornejo insistió en que no se trata de corrupción, sino de una decisión técnica frente a una situación que no podía frenarse. “La gente sigue usando las cloacas, no se puede cerrar el grifo”, explicó. Según el gobernador, la denuncia fue realizada por Irrigación, aunque luego el mismo organismo autorizó a la empresa a volcar en lugares similares.
Cornejo remarcó que la resolución técnica para la zona incluye obras alternativas que se están ejecutando, aunque reconoció que el financiamiento del Ehnosa se interrumpió primero durante el gobierno de Alberto Fernández y luego con el cierre del organismo bajo la gestión de Javier Milei. Esa situación, dijo, demoró el avance del Colector Paramillo – Colonia Segovia Etapa I, clave para aliviar la crisis en Corralitos.
El descontrol de las cloacas y la megaminería en el foco
“Decir que no se puede hacer minería porque no va a haber controles suficientes, porque no se pudieron controlar efluentes cloacales, cuando se han aplicado sanciones del organismo con competencia en la materia, porque el impacto directo fue en agua de riego, no de cultivo, sino de cultivo de acre, que es muy distinto, con otros valores, es de mucha mala fe”.
Con esa frase, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confrontó con vecinos que remarcaron en los últimos días el desastre ambiental en Los Corralitos, Guaymallén, como ejemplo de la falta de controles estatales que puede replicarse en los proyectos de minería que impulsa el oficialismo.
La funcionaria defendió la actuación de los organismos provinciales y cuestionó los intentos de vincular el colapso cloacal con la discusión sobre minería. “Mezclar todo es de mucha mala fe”, insistió, al remarcar que las competencias ambientales están claramente diferenciadas: el agua de riego corresponde al DGI, mientras que la actividad minera se regula bajo otros parámetros.
