Las esquirlas de la bomba que le puso el pueblo de Mendoza a la ley del cianuro de Suarez todavía están clavadas en las bancas dela Legislatura y salieron a relucir en las dos sesiones por Avalúo e Impositiva, tanto en diputados el miércoles como en el senado este jueves.
Diputados y senadores se pasaron facturas por el cimbronazo que les imprimió la enorme manifestación popular que logró derribar la ley enviada por Suárez, pactada con el PJ, y hecha a medida de los empresarios mineros.
"Hace una semana nos perdimos como provincia una oportunidad de desarrollo importantísimo -arrancó el diputado Guillermo Mosso, prominero y de Cambia Mendoza-. O nos faltan actividades económicas o nos van a sobrar mendocinos".
Después, sin que viniera a cuento, llamó sin nombrarlo a Marcelo Romano "legislador aprietapolicías" (N. de la R: a Romano se lo acusa de haber maltratado a un policía por un retén de tránsito a su hija). Romano es uno de los senadores que ha encabezado la defensa de la 7722, y no falta quien atribuya la acusación por el entredicho vial a una intención de desaforarlo para quitarlo del medio en la pelea minera.
El diputado Mario Vadillo (Protectora), otro defensor de la 7722, recogió el guante: "Cuando hable de Romano tenga cuidado, sea respetuoso, eso de decir aprietapolicías a un senador es una falta de respeto".
Un día después, en el Senado, Romano evito referencias directas a Mosso y desde su banca señaló: "Estamos preocupados por la situación política. Tenemos un problema político en Mendoza, el gobernador necesita seguir gobernando el tiempo que le queda. Cuando las cosas se hacen mal se hacen dos veces, sino miren la ley del agua".
Lucas Ilardo (PJ), quien pactó con Suarez apoyar la ley minera, tuvo un encendido discurso prominero para voltear la 7722, y luego ante la pueblada dio marcha atrás y pidió disculpas, habló de la "herencia" que Cornejo le dejó a Suárez.
Pero antes, aludió también a la bofetada popular que le dio el pueblo a los representantes políticos, aunque sólo apuntó al gobernador: "El gobernador está en un shock por un traspié, no ha iniciado bien su gobierno. Pero también está en shock por la situación económica. Le exigimos a Suarez que sincere los números de esta provincia".
La ley de los 10 días
Diez días pasaron desde la consumación del pacto del cianuro y la derogación de la ley que pedían las mineras. El 20 de diciembre, con la Legislatura militarizada y vallada, el oficialismo y gran parte de la oposición dieron vía libre a la legalización del cianuro en Mendoza.
El gobernador hizo todo por mantenerla en pie: demonizó a los manifestantes, mandó a balear y gasear a la Marcha del Agua, detuvo por decenas a quienes se manifestaron en Casa de Gobierno ese 23 de diciembre, montó una campaña de propaganda tras la represión. Al final, a regañadientes, envió el proyecto de derogación, no sin antes aclarar que a él lo votó el 52% de los mendocinos y que él en campaña dijo que iba a acelerar proyectos mineros.
El 30 de diciembre fue derogada después de intensos días de movilización sin tregua en calles, plazas y barrios de toda la provincia. El 31 de diciembre, la derogación fue publicada en el Boletín Oficial.
