Por Hedelberto López Blanch
Para Rebelión
Otra semicolonia estadounidense en el continente americano, Honduras, donde por décadas han primado la corrupción oficial, las represiones militares, la desatención social con las secuelas de hambre y miseria entre sus pobladores, acaba de ser presentado en los tribunales de Nueva York como un narco-Estado.
Los hechos se desataron durante los juicios celebrados contra los narcotraficantes Antonio “Tony” Hernández (hermano del presidente hondureños Juan Orlando Hernández) y Geovanny Fuentes Ramírez en la ciudad neoyorquina.
Las conexiones de estos dos personajes (condenados a cadena perpetua) en numerosos crímenes, así como sus relaciones con oficiales del ejército, la policía y con la banda de Los Cachorros, famosos narcotraficantes hondureños, quedaron completamente comprobadas.
Tony y Geovanny lograron importar más de 185 000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, y el juez Kevin Castel aseguró que “el tráfico de drogas fue patrocinado por el Estado”, lo que involucró directamente al presidente de la nación.
Un testigo protegido por la fiscalía, excontador de una arrocera hondureña declaró que vio al presidente recibir maletines con dinero del narco con el que buscó asociarse en un laboratorio de cocaína y escuchó al mandatario cuando dijo: “le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta”.
Durante años Washington ha respaldado al presidente de Honduras pese a las acusaciones de corrupción gubernamental y abuso de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y Estados Unidos hasta aprobó la reelección de Hernández en 2018, pese a las claras evidencias de fraude cometidas.
El colapso económico que vive la nación justifica el éxodo migratorio que en los últimos años ha llevado a miles de hondureños a lanzarse en interminables caminatas para tratar de llegar a Estados Unidos y conseguir algún empleo que pueda aminorar la extrema pobreza, la falta de empleos, la violencia de las pandillas y el narcotráfico que padecen.
Datos oficiales indican que el Producto Interno Bruto (PIB) fue de menos 9,5 % en 2020 debido a la pandemia y a los desastres naturales ocasionados por los huracanes Eta y Jota que provocaron daños en la actividad productiva y en la infraestructura del país.
La grave situación económica del país se había deteriorado antes de la pandemia y varias estadísticas nacionales son elocuentes: la inversión nacional y extranjera se redujo de 1 200 millones de dólares en la década anterior a 950 millones en 2018 y 498 millones en 2019.
El Instituto Nacional de Estadística de Honduras informó que casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes son pobres y en la zona rural llega al 77,8 %.
De esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día.
La desigualdad creció en espiral debido a las políticas neoliberales impulsadas por los últimos regímenes lo que llevó a que 15 familias controlen el 80 % de las riquezas, mientras que el 80 % de la población recibe menos del 10 %.
La deuda pública es superior a los 10 900 millones de dólares, casi la mitad de su PIB.
A esto se suman otros dos problemas: la violencia que deja diariamente más de 30 muertos con numerosas pandillas que aterrorizan pueblos y ciudades; y un alto nivel de traficantes pues cerca del 80 % de la cocaína que va a Estados Unidos desde Sudamérica pasa por ese territorio.
Para que la historia no se pierda, recordemos que hace 12 años, Estados Unidos con el apoyo de la derecha hondureña provocó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el único presidente en la historia moderna de esa nación (2006-2009) que laboró por llevarle a su pueblo beneficios de los cuales nunca había disfrutado.
En casi tres años de gobierno, Zelaya logró que Honduras se integrara en 2008 al mecanismo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a Petrocaribe.
Esas decisiones de soberanía política tomadas por el Gobierno fueron catalogadas de muy peligrosas por las fuerzas de derecha, la oligarquía, la cúpula militar y las transnacionales como la estadounidense Chiquita, antigua United Fruit, que exporta desde esa nación 8 000 000 de cajas de piña y 22 000 000 de cajas de plátanos; o por las farmacéuticas que proveen el 80 % de las medicinas que se comercian en el país.
El golpe de Estado con apoyo del ejército, al estilo de los organizados en América Latina por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense no se hizo esperar; Zelaya fue expulsado del país e inmediatamente comenzó la represión contra la población que apoyaban al destituido presidente con saldo de numerosos muertos y heridos.
Seguidamente, fueron impuestos en el poder Roberto Micheletti y después Porfirio Lobo, quienes eliminaron el ciento por ciento de las leyes en beneficio del pueblo que se habían acordado durante el corto período de Zelaya.
Entre las más perjudiciales estuvieron la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales y el impulso de las privatizaciones.
La vida de los hondureños transcurre en un ambiente de hambre, miseria e inseguridad que los obliga a abandonar el país, mientras su presidente Juan Orlando Hernández trafica con cárteles para introducir droga en Estados Unidos. Esos son los regímenes “democráticos” que defiende Washington en América Latina.
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Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.
