El imperio ataca

Hay un presidente que estorba: crónica de un secuestro político en la madrugada de Caracas

Caracas bajo fuego, el derecho internacional fusilado y un botín de 50 millones de barriles de crudo. Reconstrucción de la "Operación Resolución Absoluta".
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Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en un golpe comando en Caracas.

La madrugada del 3 de enero de 2026 situó en el epicentro de la geopolítica los sucesos de Caracas, que determinaron el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de tropas a las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo que sigue es la reconstrucción de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el cielo de Caracas se llenó de acero extranjero y el derecho internacional fue fusilado en un dormitorio de Fuerte Tiuna.

Las Personas

Nicolás Maduro Moros, 63 años. Aquella noche no era el «dictador» de las gacetillas del Departamento de Estado, sino un hombre en pijama sorprendido por el estruendo de los helicópteros MH-47G Chinook. Junto a él, Cilia Flores, cuya frente terminó vendada tras el forcejeo con los operadores de la Delta Force.

El presidente bolivariano se negó a un pacto para seguir al frente del mando en los papeles, pero bajo la dominación estadounidense, en la práctica.

Del otro lado, la cara visible del «Sistema»: Stephen Miller, el ideólogo del America First, un hombre que no cree en la diplomacia sino en la «fuerza bruta» y que ha declarado, sin que le tiemble la voz, que el mundo real se rige por la violencia. Miller es quien redactó la justificación del saqueo: la industria petrolera venezolana, dice, fue creada por el «ingenio americano» y debe volver a sus dueños.

Y están los muertos, los que siempre pone el pueblo o los que caen en cumplimiento de un deber que el agresor no reconoce. Treinta y dos miembros de la guardia cubana fueron eliminados en 47 segundos. No hubo juicio para ellos, solo ráfagas de precisión quirúrgica en la oscuridad de una ciudad a la que el US Cyber Command le había apagado las luces.

Los hechos

Trump dio la orden a las 23:46 del 2 de enero. Mientras Caracas dormía, una armada de 150 aeronaves despegaba de 20 bases distintas.

A las 02:01, el silencio de Fuerte Tiuna se rompió. Los «Night Stalkers» del 160.º Regimiento descendieron sobre el complejo. No fue una invasión de infantería lenta; fue una decapitación. Los F-22 y F-35 ya habían «desmantelado» los sistemas de defensa BUK-M2E en La Carlota e Higuerote. El cielo era suyo.

La «Operación Resolución Absoluta» no fue un acto de justicia, fue una ejecución técnica.

Maduro y Flores fueron «arrastrados» de su habitación, según los informes de inteligencia, antes de que pudieran alcanzar los búnkeres subterráneos. A las 04:31, ya estaban a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto que funcionaba como la «nave nodriza» del secuestro. Cerca de allí patrullaba el MV Ocean Trader, el «Buque Fantasma», una embarcación sin bandera ni identificación oficial, símbolo de la clandestinidad con la que el Estado más poderoso del mundo opera cuando decide ignorar la ley.

Mientras el fiscal Tarek William Saab denunciaba el rapto, un Boeing 757 cruzaba el Caribe desde Guantánamo hacia Nueva York. Maduro entró en Manhattan no como un mandatario, sino como un trofeo de guerra con el rostro cubierto, escoltado por agentes de la DEA.

La evidencia

Aquí es donde el relato se convierte en prueba. El «Sistema» intenta camuflar el acto de guerra bajo un expediente judicial. Utilizan la Ley RICO, diseñada para mafiosos, para acusar a un gobierno entero de ser una «empresa criminal».

Pero la evidencia es «triste y abrumadora». No hubo una «Notificación Roja» de Interpol, ni un proceso de extradición. Aplicaron la doctrina Ker-Frisbie, un resabio legal de 1886 que dice que a los tribunales de EE. UU. no les importa cómo trajeron al acusado, siempre que esté allí. Es la legalización del secuestro.

La verdadera prueba, sin embargo, no está en los tribunales de Manhattan, sino en los puertos. Apenas unos días después de la captura, Donald Trump anunció que 50 millones de barriles de petróleo venezolano ya navegaban hacia Estados Unidos.

El «saqueo» que Miller justificaba se materializó antes de que Maduro terminara de declarar su inocencia.

El plan económico, el verdadero motor de los fusilamientos y los secuestros, se revela en la nueva Ley de Hidrocarburos que Delcy Rodríguez, ahora bajo la sombra de una «continuidad administrada», se vio obligada a promulgar para permitir que el capital privado tome el control total del crudo. Se privatiza el futuro a cambio de que no caiga una «segunda ola» de bombas sobre Caracas.

La geopolítica del garrote

El secuestro ha fracturado el mapa. Bolivia, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, se apresuró a aplaudir la agresión, legitimando el uso de la fuerza en nombre de la lucha contra el «narcoestado». En la OEA, Brasil y Colombia hablaron de una «afrenta gravísima» y un «precedente devastador». Petro movilizó 30.000 soldados a la frontera, no para atacar, sino para contener el desborde de un país que Washington ha decidido «administrar» por la fuerza.

Rusia y China han gritado en el Consejo de Seguridad, llamando a esto «bandidaje internacional». Pero el mensaje de Trump fue claro: el dominio en el Hemisferio Occidental no se discute. Lo que le hicieron a Maduro es un aviso para cualquiera que crea que los recursos naturales le pertenecen a su pueblo.

El secuestrado que habla

En el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nicolás Maduro repite una frase que el juez Hellerstein intenta silenciar: «Soy un prisionero de guerra». Es una definición técnica que le otorgaría protecciones bajo la Convención de Ginebra, protecciones que el «Sistema» no está dispuesto a dar.

La violencia ha vuelto a manchar las paredes de nuestra América.

Mientras tanto, en las calles de Caracas, la normalidad es una máscara de incertidumbre. Se liberan 444 presos políticos como un «gesto» de Delcy para calmar al gigante del norte, pero los precios de los alimentos se disparan y el salario mínimo ha dejado de existir. El FMI califica la situación de «frágil». Es el eufemismo financiero para describir a un pueblo que observa cómo se llevan su riqueza en barcos mientras sus líderes son procesados en tribunales extranjeros.

Rodolfo Walsh escribió que «nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia».

Lo que ha ocurrido en Venezuela es un intento de borrar la historia de soberanía de un país para sustituirla por una crónica judicial de narcotráfico y una factura petrolera. Pero mientras haya quien escuche y quien escriba, la verdad sobre la «Operación Resolución Absoluta» seguirá siendo lo que es: una agresión criminal disfrazada de acto policial, un secuestro ejecutado por el país más poderoso del mundo contra una nación que cometió el error de sentarse sobre un mar de petróleo que el «Sistema» consideraba propio.

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