La querella que representó a Antonia Zárate, la madre de Ricardo Bazán -el joven recolector y albañil del barrio La Favorita ejecutado por la espalda por un policía- se mostró optimista respecto de que la condena al uniformado, Alexis Méndez Castro, siente un precedente en la justicia local y en el propio comportamiento de la Policía de Mendoza, caracterizada por la multiplicación de casos de violencia institucional.
Organizaciones como el CELS, la Correpi y Xumek -a la que pertenecen los dos abogados de la querella, Juan Dantiaq y Lucas Lecour- han alertado sobre la violación de normas básicas por parte de la Policía de Mendoza, posicionándo a la provincia como una de las más violentas.
Sin embargo, ya en los alegatos de inicio del juicio contra Méndez Castro, los referentes de Xumek plantearon que se trataba de un caso protagonizado por "un mal policía" y que, en ese sentido, el juicio no implicaba un cuestionamiento a toda la institución.
“No es un juicio en contra de la institución policial, se juzga a un funcionario de esa fuerza, a un mal policía, que avergüenza y desprestigia a toda la institución policial”, planteó Dantiaq en los alegatos de inicio. En esa misma dirección argumentó la Fiscalía.
Tras la condena, Xumek manifestó que "el mensaje que nos da el jurado es que el pueblo de Mendoza no tolera que ninguna persona, policía o no, actúe por encima de la ley. No hay ninguna justificación para que un funcionario policial ejecute a una persona por la espalda. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a una persona".
Siguió: "La institución policial tiene que entender el deber fundamental que les hemos entregado los y las mendocinas: la protección de nuestra seguridad y nuestra vida. Queremos que esta sentencia sea el inicio de una nueva policía de Mendoza. Una respetuosa de las normas, una que no use más su arma reglamentaria contra personas que no han cometido ningún delito. Una policía que no se lleve más a los pibes y pibas por su rostro, por su ropa o por vivir en un barrio determinado."
Según la ong, esta sentencia condenatoria dictada por un jurado popular "es un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia institucional. Es un claro mensaje del pueblo mendocino contra las prácticas violentas y abusivas enquistadas en las fuerzas de seguridad, que heredamos de la dictadura".
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La lectura de la sentencia del jurado popular y la lectura de la pena a cargo del juez Mateo Bermejo:
