Abuso de armas

Letalidad policial: cuatro casos de abuso de la Policía de Mendoza analizados por el CELS

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) incluyó a Mendoza en un informe sobre muertes naturalizadas a manos de la policía. El organismo reflotó ese estudio a propósito de la masacre de San Miguel del Monte donde agentes de la policía bonaerense provocaron la muerte de cuatro chicos disparándoles desde un móvil en una persecución que terminó con el auto estrellado contra un camión.

“Durante una persecución, para evitar una fuga, ante un supuesto robo, durante un allanamiento o sin ninguna explicación aparente, los policías, con o sin uniforme, sacan de sus cartucheras las armas que llevan en la cintura y gatillan. Lesionan, hieren o matan”, señala el CELS como modus operandi de los uniformados a lo largo y a lo ancho del país.

En Mendoza las muertes por gatillo fácil son una constante desde la vuelta de la democracia, bajo gobiernos de distinto signo político. La última ingresada a la estadística es la de Ricardo José Bazán Zárate, un joven de 29 años fusilado por la espalda cerca de La Favorita.

Gatillo fácil: imputaron al agente que asesinó a un joven en el barrio La Favorita
 

Informe Explícito: casos de gatillo fácil en Mendoza

Pero no todos los usos abusivos de armas terminan en muertes, y muchas veces, según quien es la víctima y el contexto en el que se producen, ni siquiera trascienden a los medios de comunicación.

El CELS estudió el fenómeno del uso abusivo de las armas por parte de fuerzas policiales en cuatro jurisdicciones: nivel federal, provincias de Buenos Aires y Mendoza y la ciudad Rosario en Santa Fe. A su vez, la investigación caracterizó las políticas estatales que han sido implementadas para disminuir estos niveles de violencia.

Los casos de Mendoza analizados por CELS

En General Alvear, un efectivo de la Policía Rural quedó suspendido en sus funciones el 4 de octubre de 2014 después de tomar su arma y disparar al aire tras una discusión con su ex novia, una joven de 20 años.

En Maipú, Mayra Elizabeth Ripari de 24 años perdió su ojo izquierdo y varias piezas dentales después de un disparo que salió del arma de Jesús Yamil Vargas Molina. El auxiliar de policía estaba manipulando su pistola reglamentaria el 6 de septiembre de 2015 cuando se produjo un disparo cuyo proyectil impactó en la cara de su cónyuge. Ripari fue trasladada al Hospital Central y Vargas Molina detenido por lesiones culposas.

“Legítima defensa” como figura recurrente

• El 11 de diciembre de 2012 en  Maipú, Mendoza, un joven bailarín de folclore murió después de recibir dos disparos por parte de un policía. La víctima, Ezequiel Torres, 22 años, estaba junto a su novia comprando en un almacén cuando ingresaron al local dos personas que, aparentemente,
tenían intenciones de robar.

Los gritos de la dueña alertaron a su hijo, el policía Darío Agosti, quien ingresó y sin mediar palabra le disparó al joven al confundirlo con uno de los supuestos ladrones. Agosti fue detenido e imputado, por decisión del fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay. Sin embargo, meses después, la investigación pasó de la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a homicidio culposo en legítima defensa, y luego fue absuelto por la Séptima Cámara del Crimen.

Parte del problema, señala el indorme, “radica en las dificultades para obtener prueba por las irregularidades que se cometen en los primeros momentos, que da lugar a que luego sea más problemático discutir la legítima defensa”.

Incumplimiento del Estado de investigar

Según el CELS, “existe una tendencia a no investigar en profundidad este tipo de hechos1 que se traduce en la pronta desestimación de los casos o en el sobreseimiento de los funcionarios policiales involucrados, situación que restringe el acceso a la justicia de las víctimas y también vulnera la garantía del plazo razonable para quien es investigado”.

•En Mendoza, la muerte de Ernesto Rodríguez, de 29 años, también evidencia este proceder. El 24 de marzo de 2014, tras una persecución policial por un supuesto robo, efectivos de la policía provincial, aduciendo que respondían a una agresión armada, realizaron varios disparos contra el auto en el que iba Rodríguez.

Ni la víctima ni su acompañante estaban armados. Al comienzo de la pesquisa judicial, la fiscal especial Claudia Ríos requirió el sobreseimiento fundado en legítima defensa. La oposición vino de la mano de la querella, representada por la asociación Xumek. La apelación se fundó en que había medidas probatorias pendientes.

El Segundo Juzgado de Garantías ordenó continuar la investigación, que pasó a ser responsabilidad del fiscal especial Daniel Carniello quien finalmente imputó al policía provincial Rubén Roldan Bustos. Solo por la intervención de los organismos de derechos humanos como querellantes se pudo revertir la situación. De lo contrario, el policía habría sido sobreseído a partir de la investigación superficial e incompleta de la fiscal.

Este es el informe completo del CELS:

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