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El Gobierno de Mendoza autorizó la cesión del 100% de la participación de YPF en las concesiones de los yacimientos Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, ubicados en Malargüe, a favor de la empresa Venoil SA. La operación se inscribe en el marco del Plan Andes, el programa de reordenamiento de activos convencionales que la petrolera de bandera puso en marcha para concentrar su estrategia en los recursos no convencionales.
La resolución fue emitida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente, que evaluó la capacidad legal, técnica y financiera de la cesionaria. La autorización tendrá vigencia de cuatro meses, plazo en el que YPF y Venoil deberán formalizar la escritura pública definitiva de cesión.
Una reconfiguración del mapa petrolero
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que “esta cesión es parte del dinamismo y atomización de los actores del sector, de una reconfiguración del mapa de operadores en Mendoza”. En la misma línea, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, subrayó que el proceso permitirá sostener la actividad en áreas convencionales, promover nuevas inversiones y garantizar la continuidad productiva bajo control técnico, económico, legal y ambiental de la Provincia.
El traspaso de Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande se suma a un proceso más amplio: el Plan Andes, que implica la salida de YPF de yacimientos maduros en distintas provincias y la transferencia a operadores más pequeños.
Qué es el Plan Andes
El Plan Andes es el nombre con el que YPF bautizó el abandono de pozos maduros en todo el país. La estrategia responde a la decisión de focalizarse en Vaca Muerta, considerada más rentable por la administración de Marín, un hombre cercano a Paolo Rocca.
En Mendoza, los bloques afectados son Mendoza Norte, Llancanello y Mendoza Sur. El impacto ha sido múltiple:
- Económico: la provincia dejó de percibir regalías equivalentes a medio Portezuelo del Viento.
- Social: la partida de YPF significó la caída de cientos de contratos de trabajo.
- Ambiental: no se recibieron fondos para la remediación y cierre de pozos.
En otras provincias, los acuerdos incluyeron compensaciones. Santa Cruz obtuvo 335 millones de dólares para remediar pasivos. En Chubut, YPF vendió concesiones a PECOM, con el costo ambiental incluido en el precio. En Neuquén, los decretos 372 y 380/2025 habilitaron la cesión de más de 1.200 pozos y un millar de kilómetros de ductos, con una cobertura ambiental limitada a cuatro años.
El millonario pasivo ambiental
Los llamados “yacimientos maduros” son aquellos que ya superaron su pico óptimo de producción, pero aún pueden ser rentables. Para YPF, su escala no permite explotarlos con eficiencia, por lo que los transfiere a empresas más pequeñas.
El problema central es el pasivo ambiental. El cierre de un pozo petrolero es un proceso complejo y costoso: requiere taponar la boca del pozo con lodo espeso, sellar con cemento y restaurar el sitio. Los costos pueden variar desde millones hasta cientos de millones de dólares, dependiendo de la profundidad, el terreno y las regulaciones ambientales.
Las operadoras juniors que reciben estos activos carecen de la espalda financiera para asumir semejante carga. En consecuencia, la remediación queda en un terreno incierto, con riesgos para el entorno y para las comunidades locales.
La versión del Gobierno
El Gobierno de Mendoza insiste en que las áreas convencionales cumplen un rol clave: sostienen empleo, infraestructura, proveedores y recaudación provincial. La cesión a Venoil busca garantizar la continuidad operativa y preservar la seguridad jurídica, según la propaganda oficial. En los hechos, la transferencia a operadoras más pequeñas implica despidos e incertitumbre por el pasivo ambiental.
El trasfondo del Plan Andes revela una tensión entre la estrategia nacional de YPF y las necesidades provinciales. Mientras la petrolera concentra recursos en Vaca Muerta, Mendoza enfrenta el desafío de mantener viva su matriz hidrocarburífera, lidiando con los costos ambientales y sociales de los pozos maduros.
Costo social
El abandono de YPF de pozos en Mendoza para concentrarse en Vaca Muerta no sólo causó una pérdida de regalías equivalente a medio Portezuelo del Viento. Tras el cierre del llamado «Plan Andes» hay un conflicto en ciernes por despidos de los trabajadores pues la petrolera comenzó a dar de baja a contratos de empleados que se desempeñaban en los pozos, sobre todo en Malargüe.
El Gobierno promocionó la ida de YPF y la llegada de operadoras más pequeñas como una buena noticia pese a las implicancias no sólo en la percepción de regalías -con una baja notable en los últimos años- sino sociales en cuanto a la pérdida de trabajo.
En la retirada de pozos maduros, la empresa dio de baja miles de contratos en Santa Cruz, por ejemplo, donde ya hubo un conflicto con los empleados. La empresa ofreció en esa provincia una indemnización del 120% hasta el 31 de enero para fomentar los retiros voluntarios.
En Mendoza, según ilustró Julián Matamala, secretario general del Sindicato Del Personal Jerárquico Profesional Del Petróleo De Cuyo, hay cientos de empleos en riesgo.
«La operadora YPF ha comenzado a dar de baja diversos contratos en la zona de Malargüe. Hay yacimientos de convencional y no convencional, el Gobierno de Mendoza no nos dice nada. Necesitamos que se garantice el salario 100% para los trabajadores hasta que las operadoras que vienen se hagan cargo de los pozos», indicó Matamala.
