La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 24 de junio el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, un proyecto del Ejecutivo que amplía el esquema de la Ley Bases y promete atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La votación cerró con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, y ahora el texto deberá ser tratado en el Senado para su sanción definitiva.
El Súper RIGI es un traje a medida para empresarios como Peter Thiel, dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, quien le ofreció a Milei un modelo de gobierno basado en vigilancia masiva y cruce de datos.
Qué propone el Súper RIGI
El Súper RIGI exige un monto mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por proyecto, frente a los US$ 200 millones del RIGI original. Entre las ventajas se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, la baja en la alícuota de dividendos al 7% (3,5% tras cuatro años), y una contribución patronal única del 10%.
En materia cambiaria, el régimen acelera la liberación de divisas: 20% tras el primer año, 40% al segundo y 100% al tercero. Además, las exportaciones estarán exentas de derechos desde el inicio y las importaciones de bienes intermedios y partes también quedarán liberadas.
El costo fiscal y las dudas sobre empleo
El problema central es el costo fiscal. Según la ONG iCiudad, los beneficios del Súper RIGI podrían representar hasta 1,27% del PBI, suficiente para borrar el superávit primario de 1,2% previsto en el Presupuesto 2026. En un contexto de ajuste y caída de la recaudación, esto anticipa recortes adicionales en partidas sensibles.
En cuanto al empleo, el régimen no establece garantías mínimas de generación de puestos de trabajo locales. El artículo 17 apenas obliga a presentar una estimación de empleo directo e indirecto, sin exigencias concretas. La única cláusula vinculada al trabajo nacional es la obligación de contratar un 20% de proveedores locales, pero condicionada a que exista oferta “en condiciones de mercado”, lo que deja abierta la puerta a que gran parte de la infraestructura se sostenga con recursos humanos en el extranjero.
Rebaja de impuestos
La sesión estuvo marcada por un debate intenso. Desde el oficialismo, Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa como un paso hacia la modernización. El mendocino Luis Petri la reivindicó como parte del contrato electoral de Milei, mientras que Agustín Rossi denunció que se trataba de “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente, las empresas de Inteligencia Artificial”.
Martín Lousteau consideró que el proyecto es “el eslabón de algo más grande y ahí radica el peligro que entraña”, y cuestionó que “prorrogamos jurisdicciones y le damos a los potenciales inversores tres alternativas, se les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 15%, se les baja el impuesto de distribución del 10 al 3,5%, se bajan las contribuciones patronales del 26 al 10%, las provincias se comprometen a bajar ingresos brutos al 0,5%”.
“Si el Estado incumple hay prórroga de jurisdicción, perdemos soberanía, pero si el privado incumple hay muy poco para hacer. Es fácil asumir compromisos e intentar tener los beneficios y después ver si la situación del país da o no para hacer la inversión”, alertó.
Lousteau señaló que el artículo 4 del proyecto habla a “actividad genuinamente nueva”, pero no se aclara a qué se refiere eso y reflexionó: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos quién pretendemos que vengan”.
Mario Manrique (SMATA) calificó el proyecto como “un negociado entre particulares”, y Miguel Ángel Pichetto advirtió que los beneficios se concentran en sectores de capital intensivo sin compensación para los sectores de trabajo intensivo.
Victoria Tolosa Paz fue tajante: “No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo”. Martín Lousteau alertó sobre la pérdida de soberanía fiscal y la renuncia de jurisdicciones: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental y no sabemos quiénes vendrán”.
Beneficio para tecnócratas del poder
El Súper RIGI aparece como una apuesta ambiciosa para atraer capitales en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la infraestructura digital, pero sus condiciones extremadamente beneficiosas generan un costo fiscal elevado, sin garantías de empleo local y con riesgos de concentración de poder en corporaciones extranjeras.
La discusión parlamentaria expuso la tensión entre quienes lo ven como una oportunidad histórica y quienes lo consideran una cesión de soberanía. En definitiva, más que un régimen de desarrollo, el proyecto se perfila como un traje a medida para corporaciones tecnológicas globales, con consecuencias que podrían marcar el rumbo económico y político de la Argentina en las próximas décadas.
