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El Gobierno presentó cambios en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para asegurar apoyos en el Senado. La iniciativa, que modifica la Ley de Tierras, será debatida el jueves 6 de agosto en el Senadoen una sesión rodeada de movilizaciones.
A lo largo de las últimas semanas, el texto del proyecto fue retocado en más de quince ocasiones. Hasta el lunes, la propuesta mantenía la eliminación total de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, suprimiendo el tope del 15% establecido por la Ley 26.737.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibió autorización para ofrecer a gobernadores y legisladores aliados una versión más flexible, con un techo del 25% de extranjerización. Además, se acordó un sistema de doble conforme: la autorización de ventas deberá contar con el aval de la provincia donde se ubique el inmueble y del Estado nacional.
Nueva versión del proyecto
El borrador difundido desde el viernes pasado entre los senadores establece un límite del 25% “por provincia” para la venta de tierras a extranjeros. La modificación implica un giro respecto de la propuesta inicial, que buscaba eliminar casi totalmente las restricciones.
El texto incorpora la prohibición de adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, directa o indirecta, salvo autorización conjunta de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Se aclara que el Ejecutivo no podrá delegar esta potestad en funcionarios de rango menor a Secretario de Estado.
Otro inciso del nuevo artículo 3 dispone la prohibición de adquisición de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras por encima del 25% en cada provincia. Toda operación deberá inscribirse en el registro inmobiliario provincial, consignando nacionalidad del adquirente y, en caso de empresas con participación estatal extranjera, adjuntando las autorizaciones correspondientes.
Marco constitucional y ambiental
El proyecto señala que las disposiciones deberán interpretarse conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional y a la Ley General del Ambiente N° 25.675. La inclusión responde a la polémica generada por el uso de recursos naturales estratégicos ubicados en tierras que podrían ser compradas.
En cuanto a tierras en zonas de frontera, la venta deberá contar con autorización provincial y nacional. El Poder Ejecutivo Nacional tendrá competencia en materias vinculadas a seguridad, objetivos estratégicos y defensa nacional.
El oficialismo busca así consolidar apoyos de cara a la sesión del jueves, luego de que el 16 de julio se decidiera pasar a un cuarto intermedio por diferencias internas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había planteado reparos sobre la potestad de las provincias en el proceso de autorización.
Escenario político
Aunque Bullrich afirmó haber convencido a Sturzenegger en una reunión el 23 de julio, durante el receso legislativo el rechazo social al proyecto se intensificó. Los votos para aprobarlo aún no están asegurados.
El oficialismo considera que un eventual empate no sería un problema, dado que el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia, y la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidiría la sesión. Villarruel ha manifestado críticas a la extranjerización de la tierra.
Movilizaciones en todo el país
Para el 6 de agosto se espera una movilización frente al Congreso y en otros puntos del país. La convocatoria es impulsada por organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos. Las consignas centrales serán “Argentina no se vende” y “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.
El desenlace dependerá de la definición de los aliados en el Senado. La sesión se desarrollará en un clima de tensión política y social, con la mirada puesta en el alcance de las modificaciones introducidas al proyecto de Ley de Tierras.
