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Los ajustes constantes de las tarifas siguen asfixiando el bolsillo de los trabajadores en Mendoza, con una inflación mensual, anual y acumulada muy por encima de la inflación, aunque sin la ponderación adecuada en los índices oficiales.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Gran Mendoza registró en junio un aumento del 1,5% respecto de mayo. La variación acumulada anual alcanza el 15,6%, mientras que la interanual trepa al 32,8%. ala diferencia con el rubro donde se incluyen las tarifas (Viviendas y Servicios) es impactante:
- Variación mensual (junio 2026): +2,5%
- Acumulada anual: +24,4%
- Interanual: +50,7%
- Incidencia en el nivel general: +0,2%
Este rubro es el que más se encarece en términos interanuales, superando ampliamente al promedio general (+32,8%). Su peso en la canasta hace que, aunque no sea el mayor motor mensual, sí sea el factor estructural más inflacionario.
El peso de lo inelástico
La inflación mendocina se construye menos en las góndolas y más en las boletas de servicios. Entre mayo de 2023 y mayo de 2025, la inflación general acumuló un 424,81%, pero los gastos de vivienda y servicios básicos treparon un 813,98%. Las familias destinaron un 42,5% más de su presupuesto ajustado por inflación para cubrir necesidades esenciales. Reducir alimentos puede ser una opción en tiempos de crisis, pero nadie puede prescindir de electricidad, agua o transporte.
En junio, además de vivienda y servicios básicos, otros rubros que presionaron fueron salud (+2,3%), esparcimiento (+3,3%) y otros bienes y servicios (+2,2%). En contraste, indumentaria cayó un 0,4%, mostrando que los gastos prescindibles tienden a retraerse.
El transporte como termómetro
El transporte urbano se convirtió en el termómetro más visible del ajuste. En enero de 2024, el boleto costaba $160. Dos años después, alcanza los $1.680, un alza del 950%. Según el Ente de Movilidad Provincial, el costo técnico por kilómetro urbano asciende a $4.081,95, lo que explica la presión empresarial para ajustar tarifas.
El gobierno provincial, en su gacetilla oficial, subrayó las gratuidades que se mantienen: docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando sin costo. También se destacó que estudiantes primarios pagarán $672, secundarios y universitarios $840, y jubilados el mismo valor. Los usuarios frecuentes accederán a descuentos de hasta el 50%.
La narrativa oficial insiste en que Mendoza conserva “una de las tarifas más competitivas entre las principales ciudades del interior del país”. Sin embargo, el dato duro es ineludible: el boleto general trepa a $1.680 y lo paga el 35% de los pasajeros.
Cornejo ejecutó otro tarifazo en el boleto: desde el 13 de julio rozará los 1.700 pesos
Emergencia energética y futuro de las boletas
La presión no se limita al transporte. El presidente Javier Milei prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 mediante el DNU 585/2026, consolidando un escenario de excepcionalidad regulatoria que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios.
La medida abarca generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y actúa como un escudo legal para la Secretaría de Energía, permitiéndole mantener facultades extraordinarias para intervenir en cuadros tarifarios y renegociar contratos. En la práctica, significa la continuidad de la quita gradual de subsidios estatales.
El ritmo y la velocidad con la que las boletas reflejen este costo real dependerá de la autoridad regulatoria, pero el sendero está marcado: los usuarios residenciales subsidiados todavía pagan apenas una fracción del costo de generación, y la transición busca suavizar el impacto sin provocar un “efecto shock” que desestabilice el humor social.
