La desatención, hacinamiento y conflictos en las cárceles de Mendoza por el coronavirus fue incluída en un informe nacional sobre el agravamiento de la situación de los penales de todo el país realizado por la Correpi, que realiza a diario un reporte sobre la aplicación del artículo 205 del Código Penal en el contexto del aislamiento obligatorio.
Esta semana más de 50 presas de la cárcel El Borbollón, en Las Heras, iniciaron una huelga de hambre en reclamo de que se les permita comunicarse con sus familias vía telefónica, en repudio a la paralización del sistema de evaluaciones que les permite acortar el encierro y el freno a las salidas transitorias controladas, que son parte del cumplimiento de la pena.
"Con un mes y medio ya de suspensión de las visitas, 50 mujeres ya están en huelga de hambre, exigiendo que les permitan acceder a teléfonos celulares para comunicarse con sus familias, la activación de los trámites en curso de libertades transitorias y domiciliarias, y la provisión de elementos de higiene y limpieza", remarcó Correpi.
A esto se suma la protesta de internos de Boulogne Sur Mer y del complejo San Felipe, que ya tenían iniciados los trámites para sus libertades asistidas o prisiones domiciliarias antes de la pandemia, s: se cosieron las bocas para exigir que los jueces de ejecución penal activen sus expedientes, paralizados desde principios de marzo.
"Mientras no se tomen medidas concretas y perfectamente viables para descomprimir la superpoblación carcelaria, mejorar cualitativamente la provisión de alimentos e insumos de higiene y limpieza y garantizar que los empelados de los servicios penitenciarios respeten los protocolos de distancia segura y desinfección, la salud y vida de las personas privadas de su libertad seguirá en alto riesgo, y se multiplicarán los justos reclamos". Correpi
Hacinamiento, una bomba de tiempo
Con cárceles que superan su capacidad en un 125%, Mendoza supera la media nacional de prisionalización. En esta provincia se priva de libertad a cerca de 270 personas cada 100.000 habitantes, mientras que en Buenos Aires a 266 cada 100.000 habitantes, según un informe dela Comisión Provincial de la Memoria.
“Este nivel de sobrepoblación implica que la mayoría de los detenidos viva en graves condiciones de hacinamiento y que cerca de 1.000 personas duerman en el suelo. En algunos complejos la situación de sobreocupación es alarmante, como en el penal de San Rafael, que supera el 45%. Le siguen Almafuerte y San Felipe con su capacidad superada en más de un 20%”, señala el informe anual Xumek al respecto.
El COVID puso el foco nuevamente en este problema del que ya fue advertido en su momento Alfredo Cornejo.
Por abuso de la prisión preventiva las cárceles de Mendoza son una bomba de tiempo
A mediados del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe tras visitar Mendoza y allí alertó sobre la “persistencia de la sobrepoblación” en las cárceles de Almafuerte y San Felipe. Al mismo tiempo, instó a Alfredo Cornejo, por entonces gobernador, a reducir la prisión preventiva, uno de los índices por los cuales la provincia recibe unánime repudio de organismos de Derechos Humanos y, a su vez, uno de los causantes de la sobrepoblación.
Sin embargo, los fiscales mendocinos siguieron enviando a la cárceles más personas, esta vez bajo la imputación de violar el aislamiento obligatorio. Alejandro Gullé, procurador general, admitió en una entrevista en Canal 9 que a un centenar de personas "se les atribuyó el 205" para enviarlos al penal. Dijo, no obstante, que habían cometido otros delitos.
