COVID-19 al acecho

Por abuso de la prisión preventiva las cárceles de Mendoza son una bomba de tiempo

Share

Foto: Xumek

El abuso de la prisión preventiva en Mendoza convirtió a las cárceles de Mendoza en una bomba de tiempo sanitaria que ahora el Sistema Penitenciario, en tandem con los juzgados, buscan desactivar.

La situación de los diversos penales mendocinos ha sido denunciada en reiterados informes de organismos internacionales. En un hábeas corpus colectivo, Xumek retoma el tema en el contexto del COVID, lo cual derivó en una primera acción: la liberación de 8 adolescentes detenidos en el exCOSE.

Por estos días se analiza caso por caso la situación de 400 presos que podrían seguir con el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria por pertenecer a grupos de riesgo.

El planteo de Xumek

La coordinadora de programas de salud en lugares de detención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Elena Leclerc, advirtió días atrás que si el COVID-19 ingresara a los establecimientos penales, la demanda de servicios médicos entre esta población vulnerable será elevada y, probablemente, el sistema de salud penitenciario no tendrá la capacidad, los insumos médicos y los recursos humanos para atenderlas.

“Este preocupante escenario planteado sobre los establecimientos penitenciarios en general, es coincidente con los de Mendoza y Argentina”, planteó Xumek en un Hábeas Corpus colectivo presentado a favor de las personas privadas de libertad en distintos establecimientos de esta provincia.

En Mendoza, además, se suma la elevada tasa de prisionalización por el uso y abuso de la prisión preventiva, una herramienta que Alfredo Cornejo multiplicó con la ley de prisiones preventivas sancionada bajo su gobierno. 900 personas fueron encerradas bajo ese concepto: 3700 personas estaban presas cuando asumió Cornejo, 4.600 cuando dio su último discurso como gobernador.

La CIDH había advertido a Cornejo

A mediados del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe tras visitar Mendoza y allí alertó sobre  la “persistencia de la sobrepoblación” en las cárceles de Almafuerte y San Felipe. Al mismo tiempo, instó a Alfredo Cornejo, por entonces gobernador, a reducir la prisión preventiva, uno de los índices por los cuales la provincia recibe unánime repudio de organismos de Derechos Humanos y, a su vez, uno de los causantes de la sobrepoblación.

También apuntó el informe de la CIDH sobre “las dificultades que tendrían para tener acceso a medicamentos, insumos médicos suficientes y tratamientos adecuados y especializados atendiendo a sus condiciones de salud”.

La gran cantidad de población carcelaria y la prisión preventiva en aumento -medidas que Cornejo ensalzó como propaganda punitivista de su gobierno en el último discurso del 1 de mayo– sigue siendo, según la CIDH, “uno de los principales factores generadores de problemas entre las personas privadas de la libertad que a su vez constituye en un serio obstáculo para el acceso a servicios y bienes básicos de forma adecuada y suficiente”.

Prisión preventiva a tope

Con cárceles que superan su capacidad en un 125%, Mendoza supera la media nacional de prisionalización. En esta provincia se priva de libertad a cerca de 270 personas cada 100.000 habitantes, mientras que en Buenos Aires a 266 cada 100.000 habitantes, según el informe dela Comisión Provincial de la Memoria.

“Este nivel de sobrepoblación implica que la mayoría de los detenidos viva en graves condiciones de hacinamiento y que cerca de 1.000 personas duerman en el suelo. En algunos complejos la situación de sobreocupación es alarmante, como en el penal de San Rafael, que supera el 45%. Le siguen Almafuerte y San Felipe con su capacidad superada en más de un 20%”, señala el informe anual Xumek al respecto.

Informe Explícito: Hacinamiento en las cárceles de Mendoza

Ordenan liberar a menores del COSE

En respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado el 21 de marzo pasado, la Justicia ordenó que ocho jóvenes que se encontraban detenidos en la Dirección de Internación Juvenil (ex COSE) pasaran a prisión domiciliaria para prevenir el contagio de coronavirus. En tanto se dispuso que los menores que quedaron encerrados -que son los de mayor peligrosidad- dispongan de celulares y videollamadas con sus familias mientras dure el aislamiento decretado por el gobierno nacional.

Por su parte, el Primer Juzgado Penal Colegiado ordenó iniciar los trámites necesarios determinar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo frente al COVID-19.

Además, se deberá ubicar en alojamiento transitorio y de aislamiento a las personas de riesgo que no les sea otorgado el régimen de prisión domiciliaria. Se deberá garantizar la entrega periódica de elementos de higiene y limpieza, así como un procedimiento de desinfección de los establecimientos. Por último, se autorizó el uso transitorio del sistema de telefonía celular mientras dure la suspensión de visitas familiares.

Esta es la resolución judicial completa:

Share