En su último discurso como gobernador frente a la Asamblea Legislativa, Alfredo Cornejo puso especial acento en el carácter punitivo de muchas de las medidas de su gobierno. Entre ellas, destacó haber aumentado el número de presos durante su gobierno: "De 3.700 privados de la libertad hoy tenemos 4.600 presos" y ponderó la puesta en marcha del Código de Convivencias, blanco de múltiples denuncias judiciales por inconstitucional.
También celebró la cantidad de prisiones preventivas desde la aprobación de la ley de prisión preventiva a la que, en su momento, sólo se opuso el FIT: "Hay 900 personas encarceladas por prisión preventiva, 900 violentos que no están más en la calle".
El abuso de la prisión preventiva en Mendoza ha sido objeto de cuestionamientos por parte de miembros de la Corte, del CELS, de la Procuraduría de Personas Privadas de Libertad y la Corte Suprema de la Nación.
Con cárceles que superan su capacidad en un 125%, Mendoza supera la media nacional de prisionalización. En esta provincia se priva de libertad a cerca de 270 personas cada 100.000 habitantes, mientras que en Buenos Aires a 266 cada 100.000 habitantes, según el informe dela Comisión Provincial de la Memoria.
"Este nivel de sobrepoblación implica que la mayoría de los detenidos viva en graves condiciones de hacinamiento y que cerca de 1.000 personas duerman en el suelo. En algunos complejos la situación de sobreocupación es alarmante, como en el penal de San Rafael, que supera el 45%. Le siguen Almafuerte y San Felipe con su capacidad superada en más de un 20%", señala el informe anual Xumek al respecto.
Cornejo en su discurso indicó que además de haber más presos, durante su gestión se invirtieron los porcentajes de condenados y procesados. "Hay mas condenados que procesados, hay 4.600 personas privadas de la libertad, y gracias a las aceleraciones procesales, de 2 años y medio se pasó a un año y un mes, la justicia trabaja más y genera mayores condenas", remarcó en su discurso.
"Se pasó de tener 4 o 5 audiencias de prisión por semana, a tener 9 diarias por juez", fruto de la incorporación de procesos de oralidad permanente y administración de audiencias", celebró el mandatario.
A la par que destacó la posibilidad de encarcelar personas a través de la prisión preventiva, el mandatario destacó que son rápidamente condenadas y lo mostró como un logro en materia de Derechos Humanos. "Se superó la eterna crítica de los Derechos Humanos de largos procesos de detención sin condena, durante mi gobierno se cuidaron infinitamente más los Derechos Humanos que en los anteriores", dijo antes de hacer una pausa ara recibir aplausos.
Hacinamiento en las cárceles
El ritmo constante y sonante de personas encarceladas implica que en los últimos dos años el Servicio Penitenciario aumentara de 3.746 a 3.932 la cantidad de plazas carcelarias, mediante el agregado de colchones en celdas o adaptando sectores que originalmente no estaban previstos para el alojamiento, lo que trae aparejado un agravamiento de las condiciones materiales de alojamiento, señala el informe citado.
"Entre los efectos más graves de la sobrepoblación carcelaria se destaca el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación, actividades recreativas así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; tortura, malos tratos y el incremento de la violencia intra carcelaria; el contagio de enfermedades, etc", indica al respecto Xumek.
Código de faltas
Desde su aprobación hacia fines de 2018, el Código Contravencional o de Faltas encarceló o multó en Mendoza a cartoneros, limpiavidrios, bañistas, opositores políticos, gremios y personas que buscaban ganarse la vida como cuidacoches.
Sin mostrar estadísticas, Cornejo ponderó que el "Código Contravencional incorporó sanciones a conductas modernas socialmente reprobadas como el maltrato de ancianos, las agresiones a servidores públicos en hospitales o escuelas, la responsabilidad de los padres en la denominada previa de los adolescentes o la sanción a “los trapitos” en la vía pública".
La avanzada contra los sectores de la economía informal desde la aplicación de este código ha sido objeto de críticas de todo el arco de los DD.HH. en Mendoza, e incluso dervó en múltiples denuncias ante la Corte por violación de los derechos garantizados por la Constitución.
En la última marcha del 24 de Marzo, fue plasmado en el documento de los organismos el repudio a los encarcelamientos selectivos que habilita el Código.
