La Justicia volvió a citar a Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos y asambleístas de Uspallata, al Polo Judicial el próximo lunes 5 de mayo como parte de la causa por la denuncia del presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera, por amenazas. Se trata de un movimiento inexplicable después de que la jueza Claudia Tula admitiera que no tiene competencia y elevara la causa a la Corte nacional.
La resolución d la justicia federal dice que el expediente debe ser elevado a la Corte, es decir que la causa está en la Corte. Pero la jueza decidió por sí misma aceptar la competencia provincial, desde el punto de vista del procedimiento es algo insólito".
El 3 de abril Tula se declaró incompetente para resolver la denuncia d Vera, contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, dos vecinos y asambleístas detenido tras protagonizar protestas contra San Jorge. Ordeno, por tanto liberarlos.
El encarcelamiento de Soria y Conejo marca un hito en la persecución de la protesta en Mendoza, con un rol decisivo de a Justicia como ariete del oficialismo.
La Justicia usada como engranaje político en el caso de la persecución de vecinos de Uspallata fue apuntada en un lapidario documento de la Iglesia Católica, que intervino en este caso alarmada por el nivel de persecución del oficialismo.
Precisamente, con el fin de exponer la actuación de los fiscales en la persecución a vecinos y asambleístas de Uspallata encarcelados tras protestar contra la mina San Jorge, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) explique porqué siguen detenidos.
El jefe de los fiscales justificó las detenciones
El MPF es conducido por Alejandro Gullé, con gran sintonía en las políticas punitivistas con Alfredo Cornejo.
El Procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió días atrás ante la Bicameral de Seguridad que la justicia local carecía de competencia en la acusación contra los vecinos y asambleístas de Uspallata, Mauricio Cornejo y Federico Soria, que permanecieron detenidos cinco semanas y tres días, respectivamente, sin que se hallaran pruebas en su contra.
