Blandiendo el Código Contravencional de reciente estreno en Mendoza, el Departamento General de Irrigación (DGI) salió a promocionar la penalización de quienes acudan a los canales de riego o cauces similares para refrescarse cuando arrecie el calor en Mendoza. El nuevo sistema punitivo prevé multas más elevadas que pagar una temporada de pileta -claramente quienes acuden a un canal de riego, exponiendo su vida al hacerlo, no pueden hacerlo- o arresto de hasta cinco días en los calabozos disponibles, como al que enviaron días atrás a un hombre que intentaba ganarse el día limpiando vidrios.
Como se hace cada año, la campaña de Irrigación pone el foco en la peligrosidad de bañarse en estos sitios no habilitados: "Es necesario que la ciudadanía en general tome conciencia de los riesgos que implica bañarse en los cauces, ya que en la mayoría de los casos es imposible contar con la ayuda y auxilio inmediato". Pero este año incorpora el factor punitivo, respaldados en la herramienta novedosa que brinda el código: encarcelar a quienes acudan en busca de alivio por el calor a estos cauces, o, en su defecto, cobrarles una multa que va de los 1.900 a los 4.700 pesos.
Mendoza tiene 38 diques y más de 12 mil kilómetros de canales (5000 kilómetros en la cuenca del río Mendoza entre primarios, secundarios y terciarios), que son elegidos por miles de personas cada temporada para refrescarse, algo que desde el Código Contravencional está penado.
“El que usare para bañarse cauces de agua, canales de riego, represas, diques derivadores, tomas y cualquier obra hidráulica de la Provincia, no autorizado para ello por la autoridad correspondiente, será sancionado con multa desde doscientas (200) U.F. hasta quinientas (500) U.F. o arresto desde dos (2) días hasta cinco (5) días, o trabajo comunitario de cinco (5) días”, dice el Código Contravencional en su artículo 124.
El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, admitió en una nota brindada a Canal 9 que quienes buscan un chapuzón en canales o diques son habitantes cercanos a "canales que cruzan zonas urbanas en departamentos rurales, donde hay menos acceso a piletas de natación, a los clubes o la gente que no tiene acceso a un balneario municipal o no puede pagarse un club".
Esta división entre quienes pueden pagar o no una pileta, un abogado para que los defienda o una multa de ese calibre es una de las razones por las cuales el Código ha sido denunciado en la Corte por Inconstitucional y violatorio de la igualdad ante la ley.
"Los sujetos y las sujetas de las que se habla claramente son invisibles para el Estado en términos de políticas sociales de inclusión, pero si son objetos de intervención desde el aparato punitivo, evidenciando una real criminalización de la pobreza”, subrayó Xumek, una de las organizaciones que denunciaron el código, respecto de estos sectores sociales.
“Hay que actuar como un ciudadano frente a un delito y llamar a la policía, porque más allá del hecho de que metan preso a alguien o le pongan una multa, sobre todo se busca que no le pase nada a estas personas. Entonces, me parece que la única forma de hacerlo, es comunicárselo a la policía. Por el momento nosotros no tenemos un sistema para poder hacer denuncias pero estamos tratando con las Subdelegaciones de Aguas de hacer una recepción de denuncia”, arengó Sergio Marinelli, titular de Irrigación, a mediados de diciembre.
Fue tras reunirse con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, a quien le pidió asistencia para afinar el sistema punitivo de quienes busquen refrescarse por esta vía.
Junto a estas advertencias punitivas, el Gobierno lanzó un spot que pretende generar conciencia del peligro de vida de bañarse en los cauces.
