Con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú’, al que más de 220 organizaciones y más de 400 personas individuales ya habían manifestado su adhesión.
Una de las abstenciones fue de la izquierda. Argumentó que cuestiones concretas como el avance de la megaminería y el acuerdo de factoría de cerdos con China no se abordó en la discusión.
"En Mendoza la población en una pueblada tuvo que frenar el acuerdo entre el radicalismo, el PRO y el PJ para establecer la megaminería. En Chubut la población está desenvolviendo la segunda iniciativa popular para frenar la megaminería", ejemplificó Romina del Plá.
El tratado internacional es el primero a nivel mundial que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Además, insta a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Argentina -que había sido un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado- se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. Para que finalmente entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 1 país más (11 en total).
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea (Global Witness, 2020).
En teoría, habrá acceso a la información
En teoría, la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.
Este punto fue también cuestionado por la izquierda. "Se dice que se garantiza el acceso a la información. Pero dice el acuerdo 'podrá denegarse cuando hacer pública la información ambiental afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o defensa nacional. Y eso queda al arbitrio del Estado. O sea que el Esatdo puede determinar que alguna actividad vulnera la seguridad nacional y entonces no da ninguna información", resumió Del Pla.
La defensa del oficialismo
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, destacó que con este tratado se genera “un nuevo paradigma de democracia ambiental” y resaltó que haya sido “resultado del acuerdo de distintos actores”.
“En el 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la tierra y cuidado del medio ambiente”, detalló el oficialista y sumó que “dos de cada tres asesinadas fueron en nuestro continente”.
Grosso remarcó la necesidad del acceso a la información porque “necesitamos todos saber qué hacen con los bienes de todos”, y valoró el crecimiento de “la participación pública en los últimos años”. “Cada vez tenemos más muertos por defender al medio ambiente, porque cada vez avanzan más y más sobre nuestros recursos naturales, cada vez se depreda más el planeta”, sostuvo.
“Este es el primer paso pero hay que construir un camino de políticas ambientales en Argentina y en el mundo. Bienvenido el Acuerdo de Escazú”, cerró.
A su turno, la radical Brenda Austin ponderó el objetivo del tratado de “luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales”. “Efectivamente América Latina ostenta el triste récord de ser la región en la que en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”, dijo y, por eso, opinó que “merece la región un acuerdo que corte esta realidad”.
Con la aprobación del Acuerdo, la cordobesa consideró que Argentina deberá “reforzar y tomarse en serio todos los marcos normativos que tiene nuestro país” en esta materia. También, felicitó el protagonismo e impulso de las organizaciones de la sociedad civil y de los adolescentes y jóvenes que impulsaron la ratificación.
Desde el bloque Pro, Camila Crescimbeni dijo: “Escazú es un primer paso hacia un camino de reactivación verde, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible en el centro, pero que no es definitivamente el final ni la consolidación de un trabajo que tenemos que seguir haciendo desde los diferentes gobiernos y los diferentes partidos políticos, porque defender el ambiente es una política de Estado”.
En tanto, Graciela Camaño subrayó la enorme “diversidad” ambiental de América Latina, como “un verdadero patrimonio de la humanidad”, pero advirtió que en la región “nos falta recorrer un largo camino para tener una política de ambiente”. “Escazú es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de quienes más lo van a defender, porque este convenio pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente”, celebró la diputada de Consenso Federal.
Por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón observó que “el derecho a la información, en este proyecto, el principal que carga con entregar la información es el Estado. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con los privados? Porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado”. “La obligación los privados no la tienen y esto no es un tema menor”, añadió.
La izquierda, en contra
En contra de la iniciativa, Romina Del Plá criticó que “se hace una mega alabanza de este Acuerdo pero no se está planteando que la minería está haciendo estragos en el país. ¡La megaminería contaminante no se ha detenido ni un solo segundo durante la cuarentena!”.
Anunciando la abstención, la legisladora del Frente de Izquieda cuestionó el acuerdo con China para la exportación de carne porcina, y el no tratamiento de un proyecto para suspender por dos años los desmontes o el debate de la ley de humedales. “Mi voto es para llamar la atención de que efectivamente con la aprobación de este Acuerdo no se avanza ni un milímetro para proteger al ambiente”, argumentó.
La Coalición Cívica a favor
Al momento de los cierres, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que el Acuerdo “constituye una auspiciosa y poderosa herramienta para que podamos garantizar la implementación plena y efectiva de estos tres pilares establecidos en Escazú”.
Al igual que varios oradores, el porteño agradeció a “un importante sector de la juventud que se han movilizado, han testimoniado y tenido una verdadera actitud pedagógica y de concientización” para “pedirnos una pronta aprobación”.
Por su parte, el presidente del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, defendió el rol de la militancia: “Creo mucho en la militancia. Creo mucho en la militancia política, cultural, sindical, social y también ambiental. No soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que creen que hay militancias cool. Creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformarla”.
El diputado aseveró que “la Argentina tiene desafíos muy difíciles por delante y necesitamos de todos y todas”. “Recién escuchaba que hay gente que se identifica con una generación que se quiere ir del país. Yo, ¿saben qué les digo? Quédense en este país porque este país es de ustedes”. “Las peleas se dan acá y no se desiste nunca”, enfatizó.
