La libertad de expresión bajo vigilancia

En 1999 la Cámara de Representantes de Washington aprobó el proceso de impeachment del presidente Clinton por su escándalo sexual con la becaria Mónica Lewinsky. La decisión y segura remoción del presidente pasó al Senado, dominado por el Partido Republicano. Para ello, se necesitaban dos tercios de los votos, número asegurado según las intenciones manifiestas de los senadores que querían ver al presidente saliendo por la puerta de atrás de la historia.

Perdido por perdido, la defensa del presidente contrató a Larry Flynt, el mogol de la pornografía mundial, dueño de revistas y productor de películas del género. Casi sin tiempo, Flynt pagó una página completa en el Washington Post ofreciendo un millón de dólares a aquellos que pudiesen probar historias similares a la del presidente, protagonizadas por miembros del Congreso. Miles de llamados y grabaciones cayeron de inmediato. Flynt ni siquiera se molestó en escucharlas.

Temerosos de escándalos públicos, algunos legisladores comenzaron a confesar infidelidades a sus esposas. La voz más importante a favor del impeachment, el portavoz de la Cámara Baja y representante del ultraconservador estado de Luisiana, Bob Livingston, renunció misteriosamente el mismo día en que se debía votar. Desde entonces y hasta hoy, Bobby se dedica al lobby en Washington (es decir, a visitar a los legisladores en sus oficinas y a invitarlos a fiestas para hablar de negocios). De repente, la mayoría condenatoria en la Cámara Alta se convirtió en minoría. Diez senadores republicanos votaron a favor de perdonar al presidente demócrata. De la obligación de matar a pedradas a la infiel, legislada en el Antiguo Testamento, se pasó, en pocos días, al amor del Nuevo Testamento: “Vete, hijo, y no peques más”. El presidente fue perdonado.

Este recurso del enchastre ajeno es viejo conocido entre los agentes de CIA y la NSA. Pero la industria privada del enchastre y la intimidación también es un negocio privado. Los clientes más frecuentes de estas empresas son poderosos políticos y otras empresas privadas con poder de extorsión en su noble lucha por la “libre empresa” y la “libre competencia”. Aunque poco conocido, el negocio de perseguir adversarios políticos o disidentes independientes es multimillonario. No por casualidad, estas corporaciones privadas comparten con las agencias secretas del gobierno la misma ideología, aunque las políticas de austeridad de los gobiernos siempre alcanza a los de abajo; nunca a las corporaciones ni a las agencias secretas, la verdadera “mano invisible del mercado”.

No por casualidad, este recurso siempre se ejerce de arriba hacia abajo, sobre todo sobre aquellos de abajo que pueden representar un obstáculo o un peligro para sus intereses, como críticos, investigadores y periodistas independientes.

En junio de 2022, se reveló que el joven periodista Nate Monroe del Times Union de Jacksonville, Florida, había sido vigilado y fotografiado por una empresa consultora de Alabama, cuyo eslogan es “Resolvemos problemas”. Una fotografía que se hizo pública lo muestra conversando con su novia en el patio de su casa. El pecado de Monroe fue hacer un trabajo decente de investigación sobre el intento de privatización de la gigante eléctrica de la ciudad de Jacksonville, JEA, la que luego se reveló como un plan deliberado y corrupto de sus propios directores, aplicando la vieja estrategia de la receta neoliberal: convertir una empresa pública en ineficiente para que la opinión pública apoye su venta a los eficientes privados. Otra vez, la mano invisible del mercado.

Unos meses antes, los exdirectivos de la empresa pública, Aaron Zahn y Ryan Wannemacher habían sido acusados de conspiración, pero liberados luego de pagar una fianza de cien mil dólares cada uno. La idea de los exdirectores, según informó el Dayly Record de Jacksonville, consistía en recibir varios millones de dólares en caso de que lograsen la privatización de la empresa pública, valorada en más de 11 mil millones de dólares.

Según la información revelada por el Florida Times Union, reconocida por la propia empresa de Alabama, el archivo sobre el Monroe consta de 72 páginas e incluye “su historial financiero, su afiliación política, los nombres y números de teléfonos de sus parientes y vecinos, su número de Seguro Social, la marca de su automóvil, los números de su licencia de conducir, la patente de su auto y los lugares donde ha vivido desde su infancia”.

El instructor de periodismo de la Universidad de Florida, editor de la Associated Press y ganador de un Premio Pulitzer, Ted Bridis, declaró a la prensa que “es realmente antiestadounidense estar vigilando a los periodistas”. No importa que sepamos que la NSA lee y escucha millones de mensajes por año. Siempre que en este país se revela un caso de corrupción o de moral dudosa se lo califica así, antiestadounidense, no importa si se trata de una tradición con un historial de un par de siglos.

Una vez derrotados los poderosos esclavistas el Sur en la Guerra Civil (poderosos por su poder desproporcionado en el Congreso, por las mayores fortunas del país debido a la esclavitud, y por un fanatismo racial y religioso que perdura hasta hoy), fueron reemplazados por el creciente poder de las corporaciones. Los empresarios más poderosos continuaron las prácticas de explotación, deshumanización y concentración de la riqueza de los esclavistas, solo que desde finales del siglo XIX los esclavos fueron reemplazados por trabajadores asalariados y, de la misma forma, fueron demonizados como peligrosos individuos que querían subvertir el orden de Dios, según el cual la libertad, la civilización y el progreso existen gracias a los de arriba.

Diferente a las dictaduras personalistas o de las juntas cívico-militares, en las democracias liberales se suele aceptar lo que en Estados Unidos se encuentra resumido en la Primera Enmienda. Gracias a este primer artículo del Bill of Rights, el derecho a expresar una opinión está protegido de la amenaza de terminar en la cárcel. No es poco. Naturalmente, las limitaciones a este derecho y los recursos del poder para limitar este derecho básico de los de abajo son múltiples.

Los periodistas, por buenos que sean, se encuentran limitados por las líneas editoriales de los medios en los que trabajan, los cuales, a su vez, están condicionados por sus clientes, es decir, ya no los lectores de los cuales dependían casi exclusivamente, sino de los grandes anunciantes, quienes, naturalmente, subscriben una determinada ideología de clase.

Los rebeldes, disidentes o simplemente investigadores incómodos son el objetivo natural de la maquinaria del poder. Sus instrumentos más comunes (antes de la persecución y la cárcel, como es el caso de Julian Assange y Edward Snowden) son el acoso y la descalificación. Pero la democracia, la libertad de expresión y el menos reconocido “derecho a la verdad” no existen por los grandes poderes concentrados sino a pesar de ellos; no existen a pesar de los rebeldes y disidentes sino gracias a ellos.