Batalla por el agua de los ríos

La Pampa le exige a Suarez una definición sobre el destino de Portezuelo tras el laudo presidencial

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Portezuelo afectará la cuenca del Colorado, que comparten cinco provincias aguas abajo del río Grande.

En el ámbito del COIRCO, el Gobierno de La Pampa pidió a Rodolfo Suarez que confirme de manera formal el destino de la represa Portezuelo del Viento tras el laudo presidencial que ordenó hacer un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca afectada aguas abajo.

Fue en una reunión virtual que mantuvieron esta semana todas las provincias integrantes del COIRCO -además de Mendoza y La Pampa están Neuquén, Río Negro y Buenos Aires- y en la que, además, participó Fernando Zárate, de la Subsecretaría de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos de la Nación.

“El contexto de la reunión estuvo en línea con la reciente determinación del presidente de la República, a través del laudo referido sobre el diferendo suscitado entre los integrantes del Consejo de Gobierno del COIRCO por el proyecto de Portezuelo del Viento. Al respecto, entre los temas sobresalientes La Pampa solicitó, antes de continuar con los trabajos, que Mendoza confirme sus intenciones de continuar o no con la obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento lo cual, según se explicó, se estaría definiendo en los próximos días”, informó el gobierno pampeano sobre el encuentro.

La pelea por Portezuelo del Viento se enmarca en una guerra mayor por el manejo del agua de los ríos que Mendoza inició con La Pampa tras la construcción de las represas Nihuiles, que regulan el Atuel.

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El litigio por el derecho a interrumpir el curso de agua afectando a poblados aguas abajo en las cuencas llegó a la Corte, que ordenó a Mendoza a garantizar un caudal mínimo, e incluso tuvo intervención la ONU. 

Con el antecedente de la sequía que implicó para el oeste pampeano la construcción de los diques en el lado mendocino, La Pampa reclamó desde el minuto cero que Portezuelo del Viento no se construyera sin antes analizar cómo el dique -que se calculó sobre el cauce del rio Grande, en Malargüe- afectaría a las provincias aguas abajo, ya que el Grande es un afluente del Colorado.

El gobierno de Rodolfo Suarez se negó a actualizar estudios de impacto de toda la cuenca y pidió que Fernández decidiera el destino de la represa con un laudo.

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