El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora Carolina Varsky encabezaron ayer una reunión de fiscales que intervienen en todo el país en procesos por delitos del terrorismo de Estado, con el eje en la preocupación que generan las resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el proceso de verdad y justicia. En el encuentro, se resolvió articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales de las diferentes jurisdicciones y, en ese sentido, se programó una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el pŕoximo 8 de abril.
La reunión de ayer surgió como respuesta a las inquietudes planteadas por los fiscales en relación a "una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país", informó la Procuraduría.
En el cónclave estuvieron presentes el fiscal de Córdoba, Facundo Trotta; el de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz; el de la Unidad de Asistencia porteña, Martín Niklison, el marplatense Daniel Adler, el mendocino Dante Vega, el tucumano Pablo Camuña, el jujeño Pablo Pelazzo, el salteño Juan Manuel Sivila, la rosarina Adriana Saccone y el chaqueño Federico Carniel. Varios fiscales no pudieron asistir porque estaban participando en audiencias de juicios. También estuvieron la funcionaria de la Procuración General, Romina Ronda, e integrantes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Durante la reunión la preocupación estuvo centrada en la concatenación de una serie de medidas adoptadas por jueces de instrucción, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país en los últimos días que "auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones": las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general.
Con ese panorama, los fiscales y funcionarios de la Procuración General discutieron los fallos y decisiones, así como diferentes estrategias para lograr revertirlos y a la vez afianzar los lazos existentes con los organismos de Derechos Humanos y las querellas, con el objeto de reforzar la comunicación en cada jurisdicción.
Por ese motivo, la Procuraduría anunció que promoverá la realización de jornadas abiertas a la comunidad en las que se discutirán los alcances, implicancias y la legitimidad de las resoluciones cuestionadas, en tanto que los fiscales participantes acordaron realizar encuentros regionales con los actores involucrados y comprometidos en el proceso de justicia que se lleva adelante en cada jurisdicción, analizando las particularidades y obstáculos que cada una presenta.
Por otro lado, el organismo a cargo del fiscal Auat convocará a una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el próximo 8 de abril para compartir un diagnóstico con las demás agencias gubernamentales y los organismos de Derechos Humanos y querellantes, donde se elaborará una agenda compartida de trabajo. La constitución de la Mesa de Diálogo, que ya se reunió en Buenos Aires y en Tucumán, fue una de las iniciativas impulsadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de crear la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Las conclusiones de ese encuentro serán propuestas como insumo de discusión en las jornadas de abogados y abogadas de lesa humanidad que tendrán lugar el 24 y 25 de abril, aprovechando la resonancia y proyección nacional de los temas que allí se discuten.
563 condenados, 50 absueltos y casi 900 procesados
Entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
En rigor, las faltas de mérito que se concatenaron en pocos días en diferentes puntos del país estiran los plazos de los procesos y al mismo tiempo anulan la posibilidad de seguir investigando a casi cuarenta años de los hechos, pues supondrán la obligación de buscar nuevo material probatorio -en procesos que a esta altura cuentan con sólidos elementos- en caso de que sean confirmadas por las cámaras federales. Los números del informe de la Procuraduría muestran las consecuencias del paso del tiempo: 39 de los condenados han fallecido y 28 imputados procesados fueron apartados de las 120 causas que esperan juicio. "No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que murieron sin que se hiciera justicia", remarcó Varsky.
Esta semana la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar al resto de los actores del proceso y a diferentes instituciones de la sociedad civil, para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos
Las cifras son el resultado del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país que intervienen en estos procesos.
En las vísperas del 39° aniversario del Golpe de Estado, los números se enmarcan en un contexto de preocupación de los fiscales de todo el país por recientes sentencias adversas al avance del proceso de verdad y justicia, en especial respecto de sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado.
En efecto, llamaron la atención de los miembros del Ministerio Público las faltas de mérito que beneficiaron en las últimas dos semanas a los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot; al ex jefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; y a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa; y el sobreseimiento del ex secretario judicial de Bahía Blanca Hugo Sierra.
El informe señala que la cantidad de imputados detenidos es 970 y que, de acuerdo a la modalidad de detención, esa cifra se desagrega de la siguiente forma: el 57 por ciento (557) está alojado en unidades penitenciarias; el 40 por ciento (384), en domicilios; el 1,5 por ciento (15) en dependencias de fuerzas de seguridad; el 0,5 por ciento (7) en hospitales; y en otro 0,5 por ciento (7) de los casos se carecen de datos.
En tanto, 98 personas tienen falta de mérito y otras 37 fueron indagadas pero aún no se resolvió su situación procesal. Los prófugos suman 45, dos de ellos evadidos después de condenados.
De los 16 juicios que se están llevando a cabo actualmente en todo el país, trece de ellos están a cargo de tribunales orales y otros tres en manos de jueces federales de primera instancia, con la aplicación del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), que prevé juicios escritos.
La cifra de 456 causas en trámite en todo el país no incluye a las que fueron acumuladas a un mismo expediente, dando lugar a las llamadas “megacausas”, ni tampoco a aquellas en las que aún no existen imputados identificados. De todas ellas, la mayor parte, un 31 por ciento (144), tramita en juzgados federales de primera instancia en la etapa de instrucción, mientras que un 30 por ciento (136) tiene sentencia.
En este esquema, un 26 por ciento de las causas (120) están elevadas a juicio, en otro 9 por ciento (40) los fiscales formularon el requerimiento de elevación a juicio (40), es decir, que están a punto de ingresar al lote de las elevadas y finalmente hay un 4 por ciento (16) en juicio.
El 30 por ciento restante lo constituyen las 136 sentencias dictadas entre 2006 y lo que va de 2015 en todo el país. Los años con mayor cantidad de pronunciamientos fueron 2012 y 2013, que registraron 25 cada uno.
Menos de una cuarta parte de esas sentencias están firmes. En total, en ese estado hay 31: 27 de ellas, por resolución de la Corte Suprema, mientras que otras cuatro adquirieron firmeza en la Cámara Federal de Casación, por no haber sido recurridas.
En relación con las instancias de apelación de estos 136 pronunciamientos, un 46 por ciento tienen veredicto o sentencia del tribunal oral (63), un 33 por ciento tiene sentencia de la Cámara de Casación y de la Cámara Federal, en el caso de los pocos juicios que tramitan por escrito (45), y un 1 por ciento (1) tiene sentencia de un juzgado de primera instancia dictada en el marco de un proceso reglado con el CPMP.
Fuente: Fiscales.gov.ar
