La Suprema Corte dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley de de tope salarial mientras se dirime en sede judicial si es constitucional esa norma. La medida fue concedida por el máximo tribunal a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), que litigó por inconstitucionalidad contra la ley que impulsó el gobierno con apoyo del radicalismo.
En síntesis, la Ley en cuestión estableció que ningún dependiente del Estado puede cobrar más que el Gobernador. La medida afecta al personal de alta calificación del ámbito de la Salud. El gremio de los profesionales del sector, conducido por la doctora Isabel Del Pópolo, fue a la Justicia contra la constitucionalidad de la ley. La entidad sostiene que el único ámbito para determinar medidas salariales es la paritaria, por lo que no le reconocen competencia a la Legislatura para poner tope a los acuerdos paritarios.
El gremio de los profesionales informó este jueves que "a través de una medida cautelar la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en los autos caratulados 'Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) contra Gobierno de la Provincia de Mendoza sobre acción de inconstitucionalidad' ordenó al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes, se abstenga de aplicar la Ley N° 8727 cuestionada en la presente, en tanto y en cuanto la misma se constituye en un tope y/o límite a los incrementos salariales pactados por Acta Paritaria del 07/05/2015, homologada por Decreto N° 772 y ratificada por Ley N° 8.798 (B.O. 23/06/2015), respecto de los agentes representados gremialmente por la actora que ella ha denunciado como afectados y que adhirieron a la solicitud de la Asociación (fs. 281/284), hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa".
AMPROS recordó que durante la 104º Conferencia Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, a la que asistieron la titular de AMProS, María Isabel Del Pópolo y el asesor legal del gremio, Carlos Alico, la jefa del Servicio de Libertad Sindical de la OIT se había catalogado la ley de topes salariales sancionada en Mendoza como “la destrucción de la carrera estatal”.
