El exjuez Luis Leiva y el abogado y ex ministro de Seguridad de Celso Jaque Juan Carlos Aguinaga fueron los dos primeros testigos del IV Juicio de Lesa Humanidad convocados por los defensores de los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo. Tanto Leiva como Aguinaga dijeron que era imposible saber lo que ocurría con los presos políticos. "Es como leer el diario del lunes", resumió Aguinaga.
Leiva fue quien acompañó a Romano a Chile en un viaje que, según el ex magistrado, iba a durar tan sólo un fin de semana y que Romano usó para permanecer prófugo de la Justicia mientras esperaba que ese país le otorgara el asilo político aduciendo que era un perseguido político en su país.
El destituído juez ya había declarado a favor de Romano en 2011 e inició su declaración de este martes considerándose amigo personal del ex jux acusado, al tiempo que destacó una relación amistosa con Miret y Petra. Prosiguió reseñando su desempeño en la Cámara Federal donde ingresó como prosecretario administrativo en octubre de 1976, para al año siguiente trabajar en la Secretaría Penal hasta renunciar en julio del ‘78. Leiva regresó a la Justicia Federal en 1993 hasta ser destituido en el 2002.
Sobre los hechos que forman parte de las causas que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, el letrado expresó que “en ese momento no había posibilidad de saber nada sobre lo que sucedía”. En este sentido negó tener conocimiento sobre omisiones o faltas de conductas que presumieran connivencia entre el aparato militar y la Justicia Federal de aquel entonces.
Indagado por la Fiscalía, el declarante expresó que en ocasiones los miembros del juzgado fueron blanco de amenazas a las que calificó como “duales” en cuanto a su origen, y en este sentido señaló al Grupo de Oficiales Jóvenes (GOJ).
Sobre la cantidad de habeas corpus que fueran presentados cuando se desempeñaba como Prosecretario de Cámara en el Juzgado Federal, expresó que éstos eran “reiteraciones” y sobre el seguimientos de los mismos dijo: “El juez Guzzo era muy personal con los expedientes de la 20840, siempre dijo que los resolvía él. Por eso jamás nos dejó hacer procesamiento o dictar sentencia”.
En su declaración, Leiva sostuvo que la tramitación de los habeas corpus era de pronta respuesta y negó que las notificaciones de los mismos hayan sido colocadas en un “gancho de carnicero” como aseguran una decena de testimonios. “Si alguien dijo que había un gancho, o yo no le he visto o están mintiendo”, expresó.
El exministro de Jaque
Por su parte, Juan Carlos Aguinaga, ex ministro de Seguridad de Celso Jaque, declaró que “ejerció la defensa de personas acusadas por la Ley 20840” y que como abogado “desarrolló tales acciones con normalidad dentro de la Justicia”. En este sentido mencionó que el rechazo de los habeas corpus se debía a que tales personas quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) e insistió con que “los trámites eran llevados absolutamente de acuerdo a la ley”.
Sobre casos de secuestros y desapariciones, el testigo mencionó “que algo se comentaba sobre eso pero no sobre tortura”. Tampoco dijo saber entonces sobre los vejámenes cometidos en el D2, posteriormente denunciados por decenas de testigos.
Finalmente, sobre sus colegas ahora juzgados por complicidad y ejecución de delitos de lesa humanidad expresó: “No los ubico como cómplices de la dictadura, era una presión general que se ejercía sobre todo. En alguna medida todos éramos víctimas de una fuerte presión externa”.
Finalizando su declaración Aguinaga dijo que “los militares no querían ningún juzgamiento, querían el aniquilamiento de la guerrilla y esto lo vinimos a saber después, en aquel momento no teníamos ni idea de lo que estaba pasando”.
