Mendoza está entre las cinco provincias con mayor tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes según un informe nacional de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) difundido este lunes.
Según la PPN, en las tasas de encarcelamiento (personas presas en servicios penitenciarios sobre población provincial) "es de destacar que casi todos los distritos –a excepción de Neuquén– muestran crecimiento de sus tasas, por arriba del crecimiento poblacional del país y
de cada provincia".
La procuración monitorea el régimen penitenciario federal, pero también comisarías o cualquier otro centro de detención, dependencias de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el interior del país. Además, releva la situación de personas detenidas a disposición de la justicia federal que se encuentren privadas de libertad en establecimientos provinciales, como los de Mendoza, San Juan, San Luís, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.
En el informe se brindaron datos de la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes y su variación desde 2010 a 2019.
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Destaca además el informe que hacia diciembre del 2020 la cantidad de población alojada en los establecimientos penitenciarios de mujeres del SPF disminuyó, "a excepción del CPFVI de Mendoza que sufrió un aumento".
Se trata del complejo que está sobre la ruta 7 en Luján, y que aloja hombres y mujeres, en el Instituto Correccional de Mujeres de Cuyo, que tiene incluso un pabellón para madres y de jóvenes adultas.
El 83,5% del total de las personas presas al 2019 en el país se concentraban en seis servicios penitenciarios (cinco provinciales y el Servicio Penitenciario Federal) señala el informe: Buenos Aires (45.392), Servicio Penitenciario Federal (13.883), Córdoba (9.962), Santa Fe (6.320), Mendoza (4.997), y Salta (3.433), todos presentan incrementos con respecto a años anteriores.
En el cuadro siguiente vemos la evolución de los/as presos/as en estos servicios penitenciarios.
Cárceles a tope con Cornejo y Suarez
Cuando Alfredo Cornejo asumió el gobierno había en las cárceles de Mendoza 3.700 presos. Cuando lo dejó, 4.600 personas ocupaban camas, o colchones en el suelo o catreras tras las rejas. Aumentó 900 presos en cuatro años de gobierno, una política de la cual se enorgulleció cuando dio su último discurso en la Legislatura.
Cuando cumplió cuatro meses en el gobierno, Rodolfo Suarez había encarcelado 4.895, según él mismo informó en ese momento en una conferencia de prensa.
Es decir, según los números del gobierno, Suarez mandó al inicio de su gestión a prisión a 73 personas por mes, imprimiéndole un ritmo mucho mayor a su antecesor a la tasa de prisionalización de Mendoza, que era ya de por sí alta según consta en todos los sistemas estadísticos. El número podría ser más alto, ya que días atrás el Servicio Penitenciario informó en varios medios de prensa que son “poco más de cinco mil” las personas presas en Mendoza.
Eliminación de controles
En un capítulo bochornoso para los DD.HH. en Mendoza, en agosto de 2020 el oficialismo logró que la Legislatura aprobara los cambios en la ley que dio origen a la Ley de creación del Comité de Prevención de la Tortura, recortando la injerencia de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la vigilancia de normas mínimas que eviten tratos crueles y degradantes en lugares de encierro.
Se achicó el Comité de Prevención de la Tortura -creado para control externo, sujeto a estándares como la autonomía e independencia de los demás poderes del Estado- de 12 miembros a 1. El órgano fue creado para la aplicación en Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932.
La Legislatura eliminó controles de civiles y de organismos de DD.HH. en cárceles y comisarías
