“No vamos a descansar hasta encontrar a los muchachos o hasta que nos los entreguen”, dijo Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente, al culminar la multitudinaria marcha por los estudiantes de Ayotzinapa en México, cuya masividad obligó al presidente Peña Nieto a suspender los tradicionales festejos por la Revolución Mexicana. El mandatario, en cambio, se resguardó en la entrega de ascensos y condecoraciones a miembros de las fuerzas armadas en el Campo de Marte, detrás de la casa presidencial, y una sesión en el Congreso se suspendía a los gritos con acusaciones entre legisladores por la impunidad que reina en México.
Los familiares y allegados de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero, al sur de México concluyeron en la noche del jueves junto a la sociedad civil una gran concentración en el Zócalo capitalino en el cual reafirmaron su posición de continuar la lucha hasta encontrar vivos a los 43 estudiantes normalistas.
Los asistentes marcharon desde diversas partes del país, mientras que contingentes de estudiantes, sindicatos y otras organizaciones se movilizaron en paralelo a la tercera Acción Global por Ayotzinapa apoyada por al menos 22 países del mundo.
Los manifestantes aseguraron que seguirán marchando por todo el Estado mexicano hasta dar con el paradero de los 43 normalistasdesaparecidos hace dos meses al sur de ese país.
Cada discurso mostraba la indignación de un pueblo que no se siente reivindicado por las autoridades judiciales. En cuanto al caso Ayotzinapa, destacaban que es un delito de Estado porque los jóvenes desaparecieron tras una arremetida de la Policía de Iguala (en el estado de Guerrero).
“Ayotzinapa fue un detonante que tuvo eco en instancias internacionales, que al parecer es lo único que le importa al Gobierno de Peña Nieto”, declaró uno de los manifestantes.
Durante el acto se recordó la tragedia de la guardería ABC registrada en 2011 donde unos 49 niños perdieron la vida y otros 76 resultaron heridos tras ser víctima de maltratos por parte de un grupo de médicos que no ha sido sancionado por la justicia mexicana.
Movilizaciones en todo el país
En el estado Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes, integrantes del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) lideraron manifestaciones de más de 2.000 personas, que se concentraron de forma temporal en la Autopista del Sol y el Congreso del estadal, con carteles de “Fuera Peña” y gritos contra los diputados regionales y el nuevo gobernador guerrerense, Rogelio Ortega.
En Oaxaca, también en el sur del país, cientos de jóvenes se manifestaron durante el acto oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana con cartulinas que indicaban: "No se puede hablar de libertad en un país en donde impera la impunidad".
La misma escena se replicó en Chihuahua, estado del norte y fronterizo con Estados Unidos, donde cerca de 300 personas, en su mayoría estudiantes y académicos, irrumpieron en el desfile conmemorativo del tradicional aniversario de la revolución para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos.
En el estado México, estudiantes tomaron peajes que comunican la capital con Toluca y Pachuca y dieron libre acceso a los vehículos, mientras en uno de los accesos al aeropuerto internacional se produjeron enfrentamientos entre policías y estudiantes, los que finalmente se desconcentraron.
Una sesión que terminó a los gritos
Peña Nieto, por su parte, hizo entrega de ascensos y condecoraciones a miembros de las fuerzas armadas en el Campo de Marte, detrás de la casa presidencial Los Pinos, después de suspender el tradicional desfile en el Zócalo para no confrontar con la masiva protesta social en esa plaza, la principal del país.
Paralelamente se levantaba la sesión de Diputados en el Congreso federal por un enfrentamiento a gritos entre miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que reclamaban a los del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la “impunidad” que permea en las entrañas del país.
Los priístas le devolvían el reclamo con gritos de “asesinos, asesinos”, en clara alusión a su relación con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, acusado de haber ordenado el ataque del 26 de septiembre que realizaron policías y narcotraficantes y dejaron el saldo de seis muertos, 25 heridos y los 43 estudiantes desaparecidos.
Finalmente la sesión fue levantada sin que se hubiese debatido el polémico tema de la mansión de la esposa del presidente, Angélica Rivera, quien ayer aclaró que la compró con sus ingresos como actriz y que la pondrá en venta, luego de que la prensa revelara que el inmueble está a nombre de una constructora que ganó contratos con el gobierno de Peña Nieto.
