El fracaso legislativo de la Ley Ómnibus no detendrá la ejecución de las reformas planteadas en el proyecto, fue la respuesta del presidente Javier Milei al conocer las derivaciones de la sesión de Diputados en la que estaba prevista la votación del articulado de la norma para su posterior remisión al Senado.
Milei prescindirá del Congreso para avanzar en su plan, según declaró luego de que se rompiera la alianza del oficialismo con los bloques dialoguistas que había permitido la aprobación en general del proyecto, el viernes.
Las diferencias que rompieron la alianza que le garantizaba la ley a Milei se centraron en la negativa del gobierno a ceder fondos pretendidos por las provincias, lo que ocasionó el portazo de los legisladores dialoguistas alineados con los gobernadores de sus provincias que dejó al oficialismo sin chances de reunir los votos suficientes para imponerse en la votación.
“Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, proclamó Milei después del fracaso legislativo de su gestión.
El mandatario siguió las alternativas de la sesión de Diputados desde Israel, adonde viajó en misión oficial. Luego irá al Vaticano. Cuando subió al avión en Ezeiza no imaginaba el desenlace del debate, sus operadores en la Cámara Baja le habían pintado un panorama favorable para sellar la media sanción de su primera ley.
La oficina de propaganda del Gobierno acusó a los gobernadores de boicotear la ley de Milei, "Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", consignó en un comunicado.
La decisión del presidente de iniciar una contienda a todo o nada con quienes disienten con sus planes conlleva riesgos, puesto que avanzaría con decretos en reformas de cuestiones que son potestad del Congreso decidir. Milei deslizó que apelaría al plebiscito popular para legitimar las reformas contenidas en el proyecto frenado en la Cámara Baja.
Plebiscito en reemplazo del Congreso
La Constitución establece que las leyes las dicta el Congreso, sin atajos, salvo por la posibilidad de que lo haga el Ejecutivo mediante decretos, aunque luego deben ser convalidados por los legisladores. Además de las limitaciones legales para legislar por decreto, Milei debería contemplar el nivel de consenso en la sociedad para gestionar despreciando al Congreso.
Un plebiscito le daría una idea al respecto. Los consensos en la sociedad son cada vez más “precarios”, advierte constantemente la consultora Zuban Córdoba, que se dedica a medir el humor social con la política de forma periódica.
En su último informe, de enero de este año, se enfocó en los límites del consenso social. Consideró que la experiencia reciente no deja dudas sobre la precariedad cada vez más marcada del consenso. Significa que los consensos sobre determinadas políticas se consolidan y se disuelven rápido. A la vez, remarca el trabajo, los responsables de decidir las políticas las sostienen en el tiempo, con lo cual pierden apoyo haciendo lo mismo que les había generado una base de sustentación amplia.
Milei insiste en que su plan tiene consenso en base al resultado del balotaje de noviembre. Zuban Córdoba detectó que el Presidente resignó una porción apreciable de su base electoral en los primeros 20 días en el poder, luego se frenó la sangría.
Votos fugados y consolidación de la base de sustentación
Milei tiene imagen positiva para el 44,3% de los votantes, mientras que su gobierno es bien visto por el 45,7%, son diez puntos menos que los obtenidos por el libertario en el balotaje, según la encuesta nacional de la consultora dirigida por Gustavo Córdoba y Paola Zuban.
A la vez, favorece al gobierno que el 45,9% del electorado culpa de todos los males del presente al gobierno de Alberto Fernández, exonerando a Milei de la responsabilidad por el impacto de las medidas de su breve gestión.
El sondeo de enero de Zuban Córdoba incluyó la medición del apoyo social para una gestión por decreto de Milei en el caso de que no obtuviera la aprobación del Congreso para la Ley Ómnibus. El 59,4% consideró que ese camino es incorrecto, mientras que el 37,3% dijo que es el camino correcto. Poco más del 3% no contestó.
En el núcleo que rechaza la vía del decreto hay votantes de Patricia Bullrich (24,5% de los que la eligieron en octubre del año pasado) y también de Milei (16,1% de las generales y 18,7% del balotaje), Se suman a casi la totalidad de los electores que se inclinaron por Massa y a todos los que lo hicieron por Miriam Bregman. Entre los votantes de Juan Schiaretti, el 74% rechaza el reemplazo del Congreso por decretos del Ejecutivo.
La relación entre adeptos y detractores de la supresión del Congreso varía según las regiones del país. La amenaza del gobierno libertario tiene más apoyo que rechazo en Cuyo y el centro del país. Mientras que en las demás regiones el rechazo es más fuerte.
La encuesta se hizo antes de que transcurriera el debate legislativo de la Ley Ómnibus. Las repercusiones del mismo y sus derivaciones son potencialmente capaces de cambiar la opinión de una porción del electorado.
La estrategia electoral en un escenario incomparable
Con su proyecto devuelto al plenario de comisiones de Diputados con chances más que acotadas de ser remontado, Milei optó por el ataque a los referentes de la oposición con el fin de volcar al electorado a favor de su plan para gobernar evitando al Poder Legislativo.
Como en la campaña que lo llevó a la Presidencia, planteó una disputa entre dos opciones: la casta, en la que engloba a todos los opositores, y la libertad, que es encarnada por él.
El presidente decidió confrontar a todo o nada contra toda la oposición, la más dura y la que se había mostrado dispuesta a acompañar sus planes a cambio de algunas concesiones, lo que le valió la calificación de dialoguista. Posicionó entre sus enemigos a los partidos tradicionales, pero también a los provinciales y a todos los gobernadores, incluso a los macristas, a pesar de que Mauricio Macri se enroló en el bando del Presidente. También son blancos a combatir los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones civiles que no comulgan con sus ideas.
El giro totalitario
“Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, proclamó el presidente.
La pelea que eligió dar Milei tiene altísimo riesgo tanto para su estabilidad como para el andamiaje institucional. Implica un giro totalitario sin precedentes en la democracia surgida tras el genocidio de la última dictadura.
La postura beligerante que adoptó el presidente es un peligro para la integridad del país, porque plantea una guerra entre el poder central y los jefes políticos de las provincias que constituyen la república, que tiene carácter federal por mandato constitucional.
Cuando se inicia una guerra nadie puede predecir el final ni predeterminar los costos que implicará para los bandos contendientes. En este caso, el gobierno del estado nacional, que se conformó con la delegación de funciones de parte de las provincias, que son preexistentes, les está declarando la guerra a los gobiernos de los subestados, La situación es inédita.
Las guerras por lo general terminan con un acuerdo en el que el ganador le impone las condiciones al perdedor para seguir coexistiendo en paz. La desaparición del rival político sólo es posible mediante un genocidio, para lo cual uno de los bandos necesita amplio poder interno y externo, además de una brutal superioridad de recursos. Es una alternativa imposible en este caso.
El escenario de una guerra como la que plantea Milei contra todos los que discuten sus planes es insólito, tanto como la promesa de campaña de Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, de “terminar para siempre con el kirchnerismo”, una de las fuerzas políticas con más adeptos en el país. Para concretar esa promesa debería excluir de la vida pública a un tercio de los argentinos, si es que se acota el criterio al kirchnerismo real, porque si la invalidación política se encara con el criterio de los extremistas de la derecha que ven kirchnerista a cualquiera que no les da la razón, la porción de la población con la participación prohibida tendría un tamaño cercano a la mitad del electorado, si es que no se incluye a los niños en el objetivo, porque en caso contrario deberían arrasar con casi la mitad de los habitantes del país.
Enorme insensatez
La guerra de Milei contra las instituciones de la democracia conlleva un grado de insensatez del nivel de la promesa de Bullrich en su fallida campaña presidencial.
El gobierno encabezado por Milei con Bullrich al frente de las fuerzas de seguridad no considera convivir con la oposición y confiesa su decisión de usar todos los medios que tiene el estado, incluidas las armas, para desactivarla.
El plan libertario para despejar las tensiones de la puja política inherente a la democracia no reconoce límites, prevé hasta asesinar a opositores si no se allanan a acatar sus mandatos, que responden a las conveniencias de un plan para reinar sin objeciones ni alternativas políticas.
Mientras la guerra de Milei permanece en el terreno de las amenazas, la cruzada de Bullrich contra la oposición que estructura parte de su acción política manifestándose en las calles ya empezó a desplegarse en los hechos con los fuerzas de seguridad protagonizando operativos desproporcionados frente al tamaño de las manifestaciones con derivaciones sangrientas en las inmediaciones del Congreso durante la sesión de Diputados que trataba la Ley Ómnibus.
Los comportamientos de Milei y Bullrich se enmarcan en una política que propicia desde los discursos y las acciones una escalada de violencia que no tenía motivos antes de su intervención.
