Javier Milei anunció una modificación por decreto de la Ley de Glaciares, con el propósito de reducir las zonas protegidas y habilitar la explotación minera e hidrocarburífera en sectores que hoy están protegidos. La medida generó una fuerte reacción en ámbitos políticos y ambientales, reavivando el debate sobre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2008 y restablecida tras el veto de Cristina Kirchner, prohíbe actividades mineras en zonas de glaciares y ambientes periglaciares. La nueva disposición busca flexibilizar estas restricciones, permitiendo intervenciones económicas en áreas protegidas bajo ciertos criterios.
El Gobierno de Mendoza pidió semanas atrás avanzar con la extracción minera en zonas cercanas a glaciares pese al dictamen del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) que recomendó no aprobar 17 proyectos mineros en el Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO 2) de Mendoza. En rigor, pidió no avanzar con 8 y suspender 9 hasta que haya más información.
Impacto en Mendoza: una región clave
La provincia de Mendoza enfrenta una afectación específica. En la zona de Malargüe Distrito Minero Occidental, existen tanto glaciares como ambientes periglaciares, fundamentales para el equilibrio hídrico.
Informes de UNCuyo y IANIGLA alertaron sobre los riesgos de explotación en estos territorios, lo que llevó al gobierno provincial a frenar dos proyectos, aunque otros 27 siguen en marcha.
La posición dijo que es un retroceso ambiental
Desde sectores opositores, la decisión fue calificada como un "escandaloso retroceso ambiental". Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, expresó: "Los glaciares no se tocan", y denunció que la reforma busca facilitar la explotación económica en zonas que actualmente están protegidas.
Ferraro argumentó que el decreto viola el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, y permite la intervención en ambientes periglaciares, esenciales para la regulación hídrica.
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"Este decreto contradice el derecho vigente y responde a intereses históricos que han intentado remover los límites impuestos por la Ley de Glaciares", señaló.
Argumentos oficiales: desarrollo e inversión
Por otro lado, desde el oficialismo, se defiende la reforma como una actualización técnica que permitirá inversiones estratégicas. Florencia De Sensi, diputada del PRO, sostuvo que la normativa anterior "frenaba inversiones innecesariamente", mientras que la nueva regulación corregirá excesos, garantizando estudios de impacto ambiental y mayor autonomía provincial.
