La Justicia Federal de Mendoza declaró su incompetencia para resolver la demanda presentada por organizaciones ambientales contra los proyectos de exploración minera en “Malargüe Distrito Minero Occidental”. Fue a partir de una cautelar que pedía no avanzar con la exploración hasta determinar el riesgo en los glaciares, y ahora la demanda será remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo de la cámara va en coincidencia con lo resuelto por el juez Pablo Quirós a fines de 2024, quien remitió la causa a la Nación.
La demanda original fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y OIKOS Red Ambiental, quienes buscan detener la exploración minera en Malargüe hasta que se presenten estudios ambientales e hídricos detallados. Las organizaciones argumentan que la protección ambiental exige medidas precautorias.
Sin embargo, la Legislatura de Mendoza ya aprobó declaraciones de impacto ambiental para 34 proyectos mineros en la zona.
El conflicto legal surgió cuando la Fiscalía Federal determinó que, debido a la participación de la Provincia de Mendoza, el caso corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema. El juez de grado del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza respaldó esta posición en una resolución publicada a finales de 2024.
Lo que resolvió la Cámara
El martes, la Cámara Federal de Mendoza ratificó por unanimidad este criterio. Los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castineira de Dios rechazaron la apelación de las organizaciones ambientalistas, confirmando la incompetencia de la Justicia Federal y enviando la causa al Alto Tribunal.
“La Constitución Nacional establece que, cuando una provincia es parte en la contienda, la Corte Suprema tiene jurisdicción exclusiva y originaria”, afirmaron los magistrados. En este caso, la Provincia de Mendoza defiende la validez de la Ley 9588, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros.
La resolución de este caso por la Corte Suprema será clave para definir el avance de los emprendimientos mineros en Malargüe y los estándares ambientales exigidos en la provincia.
Sobre la injerencia de la Corte
"Es interesante porque el juez reconoce que lo que pase en el distrito minero puede extenderse a las cinco provincias de la cuenca del río Colorado", resumió Eduardo Sosa, quien presentó una de las acciones colectivas contra MDMO.
