Un Jurado Vecinal condenó dos jóvenes artistas fueron declaradas responsables por realizar grafitis debajo del puente de calle Suipacha y Belgrano, hecho que ahora la Ciudad considera una infracción "muy grave".
Los jurados vecinales rigen desde 2023, cuando el Concejo Deliberante de Capital aprobó por unanimidad el proyecto para profundizar la persecución contra artistas urbanos, skaters, entre otros, y todos aquellos que no puedan pagar las multas del Código Contravencional.
Desde entonces todos son sometidos a un jurado vecinal en un proceso sui géneris por el cual el intendente, Ulpiano Suarez, se jactó de "luchar por la paz social y la convivencia ciudadana".
A partir de abril, "y debido al aumento de casos de vandalismo en muros públicos y privados, el municipio, a través de la Ordenanza Nº 4204, Programa Mejores Fachadas, agravó las penas calificándolas como graves o muy graves y aumentándolas al doble", informó el municipio.
A las grafiteras se les aplicó penas más graves
El caso cobró notoriedad tras la aplicación de la Ordenanza N° 4204, que integra el Programa Mejores Fachadas. Este nuevo marco legal, impulsado por el intendente Ulpiano Suárez, agrava las sanciones contra el arte callejero y otras expresiones consideradas "vandalismo", aumentando las multas al doble y calificando estas acciones como graves o muy graves.
Según el municipio, la intención no es recaudatoria, sino promover el civismo y la convivencia, aunque críticos sugieren que se trata de una criminalización directa de manifestaciones artísticas legítimas.
La denuncia, que fue realizada a través del programa Ojos en Alerta -que promueve la delación vía whatsapp por parte de vecinos de la Ciudad-, llevó a que personal municipal confiscara los materiales utilizados por las jóvenes.
Siete vecinos seleccionados por sorteo, evaluaron el caso y dictaminó que las mujeres eran responsables. Según la Ordenanza N° 3877/14, que prohíbe todo tipo de grafitos y pintadas en espacios públicos o privados sin autorización, las sanciones podrían ascender a 1.320.000 pesos por infractor, además de la obligación de reparar los daños causados.
El endurecimiento de las penas ha generado inquietud entre defensores del arte callejero, quienes denuncian un intento de erradicar expresiones culturales y comunitarias en la ciudad.
Esta nueva normativa no solo redefine el uso del espacio público, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre regulación urbana y libertad artística.
