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Mientras avanzan los proyectos mineros en Malargüe, la comunidad mapuche asentada en los territorios donde se pretende extraer metales impugnó el proceso de consulta previa con un Recurso de Revocatoria contra la Dirección de Minería de Mendoza por el proyecto cuprífero "El Destino", propiedad de la canadiense Kobrea (asociada recientemente al gigante minero BHP).
Por otra parte, integrantes de las comunidades denunciaron un operativo irregular de notificación en el domicilio particular de sus referentes, con presencia de la Policía Minera, móviles de la Policía de Mendoza y altas funcionarias provinciales con la intención de amedrentarlos.
El 8 de octubre la Organización Identidad Territorial Malalweche y la Comunidad Lof Ranquil Ko presentaron un exhaustivo escrito ante el Director de Minería, Jerónimo Shantal. El documento, firmado por Gabriel Andrés Jofré y otra referente de la comunidad, solicitó impugnar la Providencia PV-2026-07418576-GDEMZA-MINERIA (en rigor, es el procedimiento de consulta) y suspender de inmediato el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) del proyecto minero "El Destino" (expediente EX-2026-01052438--GDEMZA-MINERIA).
Entre sus puntos centrales, el recurso exige la suspensión de la tramitación ambiental e impugna el marco normativo dictado por el Ejecutivo provincial. Los referentes originarios safirmaron que se busca imponer un procedimiento ajeno y apresurado:
"Solicitamos que se revoque por contrario imperio dicha providencia, se tenga por rechazado el cronograma presentado por el proponente y se suspenda este procedimiento viciado... hasta tanto se resuelvan en forma definitiva la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Resolución N° 500/2026 ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la acción de amparo", señala el escrito administrativo en su Punto III.
Además, la presentación cuestiona la validez de las notificaciones electrónicas previas y exige que todo trámite se canalice a través de la institución representativa Malalweche, denunciando que el cronograma impulsado por las empresas Minera Agaucu S.A. y Kobrea Exploraciones Argentina S.A. es "arbitrario y culturalmente inadecuado", dado que las fechas fijadas coinciden con la época de veranada y la actividad pastoral trashumante del pueblo Mapuche en el distrito Río Grande.
Notificación, policía y tensión en Malargüe
La respuesta institucional no tardó en trasladarse de los despachos a las calles de la ciudad de Malargüe. Al día siguiente de la presentación, el 9 de octubre, a las 12, una referente de la comunidad fue sorprendida al regresar a su vivienda por un amplio despliegue oficial. Según consta en el Acta Testimonial/Denuncia redactada por la referente comunitaria, en la puerta de su casa se encontraban estacionados un automóvil particular gris y una camioneta de la Policía Minera.
#Ahora en Malargue #Mendoza
⚠️ Miembros de la comunidad mapuche denuncian amedrentamiento de la Policia Minera por el "protocolo de consulta" para un proyecto de Kobrea-BHP que fue impugnado por https://t.co/oOfsoEg3km
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) October 9, 2026
Del operativo participaron la Abogada de la Dirección de Minería Anabela Cibele Villache Vaquer, la Abogada Romina Toroski y la Directora Provincial de Derechos Humanos Natalia Ibis Alonso. De acuerdo a testigos, las funcionarias expresaron que pretendían notificarla sobre el protocolo de consulta, a lo que la mujer respondió que aguardaría la llegada de sus representantes legales.
La situación escaló tras la intervención del werken Gabriel Andrés Jofré, quien les recordó que existía un recurso administrativo en curso presentado el día anterior y les solicitó retirarse del lugar para evitar alarma entre los vecinos. Sin embargo, el grupo permaneció en el perímetro.
El conflicto en torno al proyecto minero "El Destino" deja expuesta la profunda brecha entre los plazos de exploración minera impulsados por el Gobierno de Mendoza y las garantías constitucionales de consulta previa reclamadas por las comunidades originarias. Tras formalizar las reservas de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el pueblo Mapuche ratificó su postura de mantener el diálogo institucional únicamente bajo un marco que respete sus derechos territoriales y las normas del Convenio 169 de la OIT.
