"No es un sólo policía, es toda la institución". La denuncia convertida en canto de familiares de víctimas de violencia institucional en Mendoza volvió a oírse en las calles del centro en la sexta Marcha contra el Gatillo Fácil y la Impunidad.
Partió de la plaza Independencia hacia las escalinatas del Poder Judicial, uno de los estamentos que perpetúa la violencia institucional contra cierto segmento social engrosado por sectores vulnerados, jóvenes, pobres, mujeres, minorías sexuales, entre otros.
La marcha de Mendoza formó parte de una movilización nacional contra el gatillo fácil con la consigna "Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más", en la cual se señaló una vez más la responsabilidad del Estado en la repetición de estos casos.
La hermana de Lucas Carrazco, hincha de la Lepra asesinado en medio de un operativo policial en 2014, confió a EXPLÍCITO porqué participa en las calles.
"Participo de las marchas porque la injusticia de todo esto atravesó mi vida y más allá de que se consiga o no justicia la lucha está en las calles para mí. No la busco más en un sistema judicial que se que avala a la policía. Los policías actúan también acorde a lo que les dicen, son los que ejecutan las cosas, los asesinos, pero atrás hay un trasfondo del Gobierno de estigmatizar, de violentar, de reprimir. Participo porque es necesario lograr que este milico que asesinó a mi hermano no esté trabajando de policía. Otros participan para visibilizar, cada cual tendrá su lucha", remarco Sabrina.
El de Lucas es uno de los casos emblemáticos de los asesinatos a manos de la Policía de Mendoza. Su nombre engrosó la lista que Mendoza exhibe no sin bochorno como uno de los distritos con mayor incidencia de abuso institucional.
Junto a ella marcharon familiares de otras víctimas como Victoria, la mamá de Melody Barrera. Además participaron familiares de Ricardo Bazán -fusilado por la espalda en un operativo en La Favorita-. La madre de Ricardo, Antonia Zárate, fue una de las oradoras del acto, y también Débora Egea, que pidió justicia por su hijo Kevin González, asesinado por policías en Malargüe.
Previo a la marcha leyeron un documento en el que remarcaron: “Marchamos por el fin de esta justicia selectiva y patriarcal. Los jóvenes de las barriadas populares son quienes sufren la violencia directa de la misma policía que libera zonas, exponiendo a pibxs a las redes de narcotráfico y trata de personas. Desde el gobierno se responsabiliza a la juventud de hechos de inseguridad, estigmatizándolos por el origen social, mientras los medios hegemónicos de comunicación colaboran con el Estado punitivista, presentando a los y las pibas como el problema, calificando despectivamente a la adolescencia, promoviendo linchamientos y aumentando la violencia social”.
“Denunciamos la crítica realidad de las infancias en nuestra provincia, los hogares de la ex DINAF y el ex COSE se constituyen como lugares de privación de la libertad, en los que se cometen abusos y malos tratos, profundizando la vulneración de derechos. La inacción de las autoridades nacionales y provinciales en el control de estos espacios, los vuelve cómplices del castigo a las niñeces y adolescencias. Insistimos sobre la medicalización, los castigos corporales, las internaciones como primera medida y la ausencia de alternativas que promuevan la salud integral de las infancias y juventudes. Todo esto expresa la necesidad urgente de crear el Órgano de Revisión de Salud Mental, que desde hace años venimos exigiendo”, señaló otro tramo del documento.
“Queremos ya el Órgano de Revisión de Salud Mental, un Comité de Prevención de la Tortura y la Defensoría de Derechos de Niños y Niñas, con real participación de organizaciones sociales. Exigimos al Ejecutivo y al Legislativo políticas de trabajo, vivienda, educación y salud que tiendan a mayor equidad”.
