"Hasta que no tengamos un papel no vamos a creer nada. Arcioni propone la derogación de la ley pero a su vez un plebiscito. No queremos plebiscito, esta provincia está llena de corrupción. Arcioni tiene un gobierno donde se quemó dos veces la Legislatura y dos veces la Casa de Gobierno. No le creemos al plebiscito, nosotros queremos que la iniciativa popular sea ley. La idea es resistir en la calle hasta que esté la derogación. La Legislatura debe sesionar mañana y derogar esta ley".
Valeria Carrasco, de la asamblea de Trelew, resumió así el espíritu en las calles de Chubut tras el anuncio del gobernador de dar marcha atrás con la ley de zonificación minera, votada en una sesión exprés y de espaldas al pueblo el miércoles de la semana pasada, tras lo cual se desató una ola de protestas, a la que el gobierno respondió con represión en las calles.
Después de cinco días de protesta en las calles, la asambleísta aseguró que las manifestaciones seguirán hasta que Arcioni no derogue la ley e imponga la iniciativa popular, un proyecto avalado por miles de vecinos y asambleístas y debatido largamente en los últimos años.
En una sesión exprés, la Legislatura de Chubut rechazó la iniciativa popular contra la megaminería
"Ellos tienen el pie para hacernos chanchadas siempre. Nosotros usamos la herramienta del pueblo que es la iniciativa popular en dos oportunidades, no la trataron, la basurearon, en la primera iniciativa había un diputado transando con las mineras, en esta oportunidad estaba López pidiendo cien luquitas, entonces yo en un plebiscito no creo. No les vamos a creer nada de un plebiscito, vamos por la iniciativa popular y a esta provincia no entra en extractivismo minero", resumió Carrasco entrevistada en El Destape.
Carrasco contó cómo las empresas mineras buscan ganarse el favor de la sociedad haciendo obras que debería encarar el gobierno de Chubut. "En la meseta que es donde van a estar los proyectos de extractivismo, Panamerican Silver abastece cosas como internet. El trabajo de buscar el bienestar para cada habitante pertenece al gobierno del Chubut, y acá lo está pagando una empresa minera".