"El pueblo está en la calle porque los políticos no escuchan. Vamos a seguir acá porque no vamos a permitir que el agua de Mendoza se negocie a puertas cerradas con la Legislatura vallada". Esa es la consigna que repiten las Asambleas por el Agua de Mendoza frente a la Legislatura, donde empresarios mineros esperan que se traten hoy las reformas a la Ley 7722 para permitir el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes.
La sesión de este martes en el Senado es una de las últimas del año y tuvo una vispera de cacerolazos y protestas en toda la provincia en contra de las reformas pretendidas por el lobby minero, que tiene apoyo del oficialismo y gran parte de la oposición.
"¡Cornejo traidor!" es una de las proclamas escritas en las pancartas y que vociferan los manifestantes, en referencia al cambio de postura del mandatario saliente, que en 2014 fue uno de los que apoyó a las Asambleas por el Agua en la negativa a cambiar la ley. Hoy el Ejecutivo está del lado de las cámaras empresarias mineras no sólo en cuanto a impulsar las reformas sino en el aval al fracking, otro de los cuestionamientos de los ambientalistas.
Los empresarios mineros esperaban que los cambios a la ley -que los ambientalistas llaman "guardiana del agua" y el sector lobbistas "antiminera"- se trataran la semana pasada. Aseguran que tienen acuerdo de todo el arco político. A su turno, los que negocian para enterrar la ley con su voto esperan un escenario más propicio, con la asunción del gobernador electo, Rodolfo Suárez.
Sin embargo, en la oposición también flota la idea de no pagar el costo político de convertir una de las leyes emblema de Mendoza, puesta de ejemplo en foros ambientalistas nacionales e internacionales, en letra muerta. Con lo cual pretenden que sea el oficialismo el que impulse un proyecto minero integral y no que se traten las reformas planteadas en sendas iniciativas del PJ.
Todo estecontexto de presión incesnte sobre la ley sacó a las calles a sus defensores: miles de vecinos, ambientalistas, agricultores, sociedades de fomento, estudiantes y agrupaciones como la Sociedad Rural del Valle de Uco, científicos del Conicet y académicos de la UNCuyo. Hasta una carta de la Pastoral Social salió en defensa de la ley.
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