La estrategia para llamar a elecciones de constituyentes con el plebiscito de 2001 ya tiene los cuatro votos que necesita del máximo tribunal. No obstante, para imponer la reelección el oficialismo necesitaría ganar en las urnas más convencionales que toda la oposición, algo que hoy no parece posible.
Por Javier Polvani
@javierpolvani
Después del 1 de mayo, cuando el gobernador Francisco Pérez exaltó la necesidad de la reforma de la Constitución de Mendoza, se enfrió al menos en las declaraciones públicas la avanzada por la reelección en la provincia. El tema no se archivó, sólo se silenció en los medios.
En las sombras, el Gobierno siguió operando las dos variantes principales que imagina posibles para llegar a 2015 con posibilidades de reelección para Paco Pérez: la vía legislativa y el llamado a constituyentes en base a la consulta popular de 2001, para lo cual necesitaría la venia de la Suprema Corte.
En la Legislatura la situación es compleja porque al gobierno no le dan los números para obtener una declaración de necesidad de la reforma para poder hacer un plebiscito sobre la cuestión, por lo que el camino más concreto para reformar la Constitución es llamado a la Convención Constituyente en base a la consulta que se hizo durante la gestión provincial de Roberto Iglesias.
El principal obstáculo para encarar la segunda vía es la Suprema Corte, puesto que la oposición iría al máximo tribunal para invalidar el avance hacia la constitución de una Convención Constituyente con convencionales elegidos en los comicios legislativos de octubre. El gobernador tiene tiempo hasta el 27 de julio para hacer la convocatoria, en el caso que se decidiera finalmente a forzar la constituyente.
Esta estrategia está en los planes del Ejecutivo, que en primera instancia operó en la Suprema Corte los votos necesarios para evitar que el tribunal le trunque la avanzada. En ese trámite se encontró con un inesperado revés: Mario Adaro, quien llegó a la Corte con una vida de militancia en el peronismo en sus espaldas y el empujón decisivo de Celso Jaque, adelantó en círculos privados su negativa a la idea de Pérez, con lo cual el Ejecutivo contaba con tres votos a favor y cuatro en contra en la Suprema Corte.
Eso ocurrió en los primeros días de abril, pero el trabajo de convencimiento de jueces por parte de operadores del gobierno no se detuvo. El Ejecutivo cuenta de entrada con tres votos seguros de la Corte a favor de la validez de la consulta popular de Iglesias para llamar a constituyentes 12 años después. Se trata de los votos del actual presidente del tribunal Pedro Llorente y de los jueces Carlos Böhm y Omar Palermo, el último miembro en incorporarse a la Corte impulsado por Pérez, de quien es amigo desde hace muchos años. Al conocer el gobierno que no contaba con el voto de Adaro, consideraba que tampoco tendría los de sus pares Jorge Nanclares, Hernán Salvini y Alejandro Pérez Hualde.
El cierre del cuarto voto
Entonces, el gobierno salió a buscar el cuarto voto a favor entre los disidentes. Y le apuntó al radical Pérez Hualde, quien llegó a la Corte propuesto por Julio Cobos cuando fue gobernador y llegó a presidirla antes del regreso de Llorente, un magistrado que ya está en edad de jubilarse y que este año dejaría la jefatura del Poder Judicial, según se lo anticipó en más de una oportunidad a sus pares. La renovación de autoridades en la Justicia de Mendoza está prevista en noviembre, después de las elecciones legislativas.
Para convencer a Pérez Hualde, Palermo, el principal operador hoy en día del oficialismo en el tribunal, habría sellado un acuerdo con el radical para devolverlo a la Presidencia de la Suprema Corte. Una de las prendas de cambio es el voto a favor del gobierno en la reforma constitucional si el Ejecutivo finalmente decide avanzar en el llamado a la Convención Constituyente con el respaldo de la consulta popular de 2001.
Hace unas semanas, el propio mandatario provincial comentó durante una cena con la presidenta Cristina Fernández que ya tenía los votos de la Suprema Corte para avanzar en la convocatoria a elecciones de constituyentes, contó a este diario un conocedor del paño judicial y gubernamental de la provincia. En la comida, además del gobernador y la Presidenta estuvo el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el jefe de la ANSES, Diego Bossio, un dirigente comprometido con el oficialismo mendocino en general y el gobernador en particular, ya que fue asesor de la gestión de Celso Jaque y luego influyó de forma decisiva en la postulación del actual jefe del Ejecutivo cuando había más de cinco aspirantes al cago que se eligió sin comicios internos.
El voto popular tira para atrás
¿Por qué no se decidió Pérez a encarar el llamado a elecciones de convencionales si tiene los votos necesarios en la Corte? Simple: porque no está seguro de que el oficialismo gane las elecciones de octubre. Entonces, si avanzara en la reforma con una constituyente con mayoría opositora tendría nueva Constitución pero no la reelección. Es decir, no tendría nada.
Por estos días, ninguno de los sondeos que maneja la Casa de Gobierno le dan al oficialismo chances de obtener en las urnas los votos necesarios para controlar una Convención Constituyente, por lo que si hubiese una reforma las apetencias del gobernador serían limitadas por la oposición.
