Mendoza culmina otro año del proceso de Memoria, Verdad y Justicia -que se inició en 2006- con dos juicios por crímenes de lesa humanidad y la condena a un exmilitar que se fugó y fue atrapado en un country de Buenos Aires, donde se refugiaba. En esta provincia se iniciaron este año el decimosegundo juicio (en San Rafael) y el decimotercero, llamado Megacausa D2.
Según señala la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su informe anual, el proceso de juzgamiento iniciado con los primeros debates realizados en 2006 permitió juzgar a 1357 personas, de las cuales 1173 resultaron condenadas y 184 absueltas, en 316 sentencias.
Ocampo, con múltiples condenas
El décimo segundo juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza comenzó el 22 de marzo de 2023 en San Rafael, donde, en 2010, se desarrolló también el primero de los debates.
Se trató del quinto debate referido a hechos ocurridos en ese departamento y tuvo como único imputado al oficial del Ejército Mario Guillermo Ocampo, quien se desempeñaba como teniente primero en la VIII Brigada de Infantería de Montaña.
Durante 1976 Ocampo fue destinado reiteradas veces en comisión a San Rafael y desde enero de 1977 ocupó el cargo de segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Montaña 8, con asiento en Tunuyán. En 2022 el acusado ya había sido condenado a prisión perpetua por la desaparición, en 1976, del conscripto Félix Órdenez Velázquez mientras el joven realizaba el servicio militar obligatorio.
Este juicio investigó el rol de Ocampo en las detenciones ilegales y tormentos sufridos por 12 víctimas: Sergio Chaki, Roberto Rolando Flores, Hugo Riera, Mario Héctor Bracamonte, Luis Enrique Barahona, Pedro Ítalo Carrozo, Rodolfo Ibáñez, Héctor Masini, Germán Ríos, Humberto Ramón Roca y Diego Pousadela. Todos fueron abordados anteriormente en el quinto y/o el décimo primer juicio. Además, el militar debió responder por la desaparición de José Guillermo Berón, hecho por el cual ya hubo condenas en procesos previos.
El 24 de julio de 2023 el TOF 2 condenó a Ocampo a prisión perpetua por todos los delitos analizados.
La megacausa D2
El décimo tercer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza comenzó en agosto de este año y se centra en investigar el rol del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado esta provincia.
De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, esta unificación en una causa evita la dispersión de los hechos y las pruebas y permite comprender cabalmente el funcionamiento del D2 como aparato organizado de poder.
La megacausa D2 contempla una serie de delitos —homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos— cometidos contra 334 víctimas: 71 de ellas fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Más de una docena de los casos corresponde a niños y niñas.
“En el D2 había niños que fueron secuestrados para torturar a sus padres y madres”
Los crímenes se ubican en un amplio rango temporal que se extiende desde abril de 1974 hasta el mismo mes pero de 1981. Muchos fueron reconstruidos con anterioridad al investigar el rol de otras fuerzas del aparato represivo local.
17 años de juicios
En su informe anual, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad refiere que en los últimos 17 años fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal para su investigación 3744 personas y que actualmente hay 685 causas en trámite.
En tal sentido, indica que "continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas". Agrega que "hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal".
Del universo total de personas bajo investigación, 1485 (el 40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas. La modalidad de detención es la siguiente:
- El 77% está bajo arresto domiciliario.
- El 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
- Casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario.
Fuente: Fiscales.gob/Archivo Explícito/Lesahumanidadmendoza.com
