Foto: Prensa Gobernación
Por Javier Polvani
@JavierPolvani
De eso no se habla, eso no se hace, acá se respeta la ley, se esgrime en público desde las altas esferas provinciales mientras en el sótano se intentan túneles para atraer inversiones de las multinacionales mineras. El perfil minero sottovoce que cultivó Francisco Pérez en su gestión -al igual que lo hicieron sus dos antecesores- envidió el desenfado con el que el presidenciable peronista Daniel Scioli revoleó el poncho minero que le acercó el sanjuanino José Luis Gioja jugando de local ante una platea cooptada por su militancia minera desde un principio.
La declamación a viva voz, sabedor el emisor de las repercusiones de la misma, a favor de hacer minería en todas las provincias que tienen potencial como se hace en San Juan fue expresada en el tramo final de una carrera que ha sido de largo aliento para Scioli desde que largó con la intención de sentarse en el sillón más caro de la Casa Rosada. Scioli reivindicó el modelo de Gioja, que comprendió un fuerte trabajo político territorial para convencer a los sanjuaninos de hacer minería sin prejuicios ni protestas antes de habilitar el despliegue de la más grande compañía extractora de oro del mundo: Barrick Gold, de origen canadiense, en la Cordillera sanjuanina.
Pérez estaba entre los dirigentes sentados a la mesa principal del seminario minero que Gioja le organizó a Scioli para que llegase al sector empresario de la actividad antes de las elecciones con los ejes de su proyecto para el caso de que sea presidente.
En Mendoza, la dirigencia política con responsabilidad de Estado espera que la Suprema Corte resuelva que la prohibición del cianuro en el proceso minero es inconstitucional para darle aire a las concesiones a multinacionales. Las demandas contra la Ley 7.722 tienen cuatro años de antigüedad por lo menos. La Suprema Corte durmió el fallo a la espera de que la política resuelva sus conflictos en torno a la minería.
Los tres gobernadores desde 2003 hasta el presente (Julio Cobos, Celso Jaque y Pérez) se tentaron con el desarrollo de la extracción de minerales, pero fueron doblegados por la oposición a la extracción de metales a gran escala. El radical y los peronistas perdieron en esta rama con los movimientos sociales de defensa del ambiente.
La cultura popular cultivada por estos movimientos, como de los izquierdistas que rechazan las condiciones en las que se hacen los negocios mineros en el país gracias a las concesiones plasmadas en una ley menemista que nunca fue modificada, le ganó a la estrategia sottovoce de los electos para gobernar en Mendoza. Los desastres que hicieron en la historia las compañías mineras por todo el mundo y la evidente expoliación económica que implica el negocio regulado por la ley vigente ayudaron a los movimientos antimineros de Mendoza en la pelea contra los gobernadores que planeaban conceder la explotación de la montaña a multinacionales pero terminaron invariablemente resignados a dejar el mando sin poder hacer negocios con los metales que guarda la montaña.
Las mineras dejan por regalías el 3% de lo que declaran que extraen. Los políticos en general se quejan de estas condiciones, pero hasta ahora se mantuvieron los porcentajes. Las mineras exponen que dejan más que eso, pero en la lista que argumentan incluyen los impuestos normales que paga cualquier empresa o monotributista. La alta demanda de trabajadores de los emprendimientos mineros ampara buena parte del discurso de los políticos que están a favor del desarrollo del negocio sin reparos prácticos en los porcentajes establecidos en la ley para cada parte interviniente.
Cobos -siendo gobernador- mandó a Canadá a Laura Montero, su ministra de Economía, con la ley del 3% de regalías como bandera de una estrategia de seducción a las compañías del país del Norte especializadas en ganar fortunas con los recursos naturales de países, principalmente de los más pobres. Al fin del periplo, todos estaban encantados. Pero el resultado definitivo desairó a los metalíferos canadienses que no habían podido evitar derramar baba por las comisuras cuando el gobierno de Mendoza les ofreció la montaña de esta provincia para sus negocios. Cobos, intimidado por la oposición ambientalista a la minería, aceptó aprobar la ley 7.722, que prohibió el uso de cianuro en el proceso extractivo. Ergo: prohibió la minería metalífera, porque el negocio implica pasar la piedra robada a la montaña por cianuro para que se despegue la basura de la mercancía, en términos de mercado.
Jaque quiso hacer negocios con los metales, pero el plan que ejecutó con múltiples dificultades fue abortado por Pérez no bien fue designado como candidato a gobernador. La aprobación de la extracción de cobre de Uspallata la frenó el ministro de Infraestructura de Jaque que le había costado críticas al mandatario por su vinculación anterior en la actividad privada como abogado con el responsable local del proyecto minero San Jorge, Fabián Gregorio.
Por conveniencia electoral Pérez se presentó en plena campaña de 2011 en la Legislatura y ordenó al peronismo archivar la aprobación de San Jorge, cuando la Ley contaba con las voluntades legislativas necesarias para ser aprobada. Dijo que en su gobierno haría una consulta popular para dirimir si se avanzaba o no en la extracción de metales.
Más tarde, como gobernador Pérez quiso otros negocios con empresas mineras pero no logró convencer ni a la tropa legislativa propia. En ese proceso, la senadora peronista Silvia Calvi pidió que dejen a los mineros contaminar un poquito para ver los efectos económicos de la actividad. La consulta popular no pasó. Los encuestadores le aseguraron en todo momento desde que asumió como gobernador que la negativa a la minería ganaba por goleada un plebiscito.
Y ahí reside la causa fundante de la estrategia sottovoce para el desarrollo minero de Mendoza. Tres gobernadores quisieron pactar con multinacionales extractoras de metales con el uso de cianuro, pero ninguno tenía un trabajo territorial de militancia que sustentara una convicción social sobre la conveniencia de hacer minería con regalías cortas y cianuro en el proceso extractivo.
Aunque los tres últimos gobernadores de Mendoza tenían en sus planes impulsar la concesión de la extracción de metales de la montaña, la provincia se mantiene al margen de las penas y las vaquitas de una actividad que es discutida en cada lugar que presenta condiciones para hacer negocios. Fracasó la estrategia minera sottovoce. Impera una consulta popular.
