Rodolfo Suarez no esperó ni 24 horas: este martes ingresó en la Legislatura el proyecto de ley para modificar la Ley 7722, que impide el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería, y convertirla en poco más que letra muerta. De esa manera, el gobernador estrenó su cargo inclinando la balanza a pedido de las cámaras mineras, que intentan voltear esta ley desde que fue sancionada, hace 12 años.
El sucesor de Cornejo asumió con un fuerte discurso prominero, con énfasis en el desarrollo del fracking, en el cual, a su entender, el minería salvará a Mendoza de la pobreza y la indigencia que multiplicó la gestión anterior: en tres años la pobreza aumentó 12% y la indigencia 78%, el desempleo se duplicó.
Disparó contra los ambientalistas que en la calle han defendido la Ley 7722: "Hay que poner fin a viejos fundamentalismos que se repiten como cliché", soltó:
Suarez apuesta a la minería como salida a ese panorama, resultante de la aplicación de políticas de ajuste y neoliberales, que destruyeron en los últimos años miles de pymes e industrias en todo el país.
En los considerandos del proyecto enviado, señala que la Ley 7722 "fue sancionada en el 2007 en un momento de alta conflictividad social provocada por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua, un recurso escaso y de vital importancia". Sin embargo, según Suarez, ahora sí están garantizados los controles.
Lo que cambia
El primer artículo de la ley, que dice taxativamente que“se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares” es al que apuntan los empresarios mineros y legisladores que quieren convertir en letra muerta la norma con reformas o con la presentación de un nuevo proyecto.
Suárez modifica el artículo 1 así:
"(...) establézcase que el uso de sustancias químicas o mezclas o disoluciones de ellas quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina".
En el artículo 3 corre a la Legislatura de la responsabilidad de discutir los proyectos mineros, para evitar futuros debates como el que ha atravesadola Ley 7722: "La Declaración de Impacto Ambiental deberá contener los informes sectoriales de los municipios, del Departamento General de Irrigación y del Ianigla".
Este es el proyecto enviado por Suarez:
