Rodolfo Suarez reglamentó este miércoles el Consejo Económico, Social y Ambiental, que no será vinculante, y que la oposición advierte como una manera solapada de avanzar con la megaminería. Supone la creación de una burocracia paraestatal con la idea de un respaldo institucional a las leyes que proponga el gobernador.
Las decisiones del Consejo no serán vinculantes, sino que se supone funcionarán como una forma de avanzar en políticas "con consenso". Según se lee en el Boletín Oficial, será un "órgano colegiado de carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social".
La creación del Consejo fue anunciada por Suarez en su discurso del 1 de mayo, como una respuesta a la demanda de empresarios mineros para avanzar en la megaminería con la participación de otros actores sociales como respuesta a la pueblada de diciembre que en las calles rechazó las reformas de la Ley 7722.
La pueblada de diciembre -que derribó la ley del cianuro- hizo replantear la retórica del oficialismo sobre la egaminería. Suarez admitió que pensó que el 52% de los votos era respaldo suficiente para imponer la minería. cinco meses más tarde, en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, optó por hablar de “inteligencia colectiva” y ese fue el marco en el que habló de la “necesidad de ampliar los horizontes productivos”, expresión con la que reemplazó a la “matriz productiva”, que usó en la época en que impulsaba los proyectos megamineros.
La iniciativa oficial se enmarca en un contexto en el que los empresarios de Mendoza le pidieron al mandatario que avance con el recorte de sueldos a estatales e insistieron con el avance de la minería en Mendoza como forma de salida a la pandemia. Lo propio hizo el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien insiste en una excepción de la Ley 7722 para avanzar con la megaminería con cianuro en ese departamento.
Una megaestructura para dar idea de "diálogo"
Según lo publicado en el Boletín Oficial, “todos los representantes del Consejo Económico, Ambiental y Social deberán ser designados en un plazo no mayor a 60 días corridos desde la publicación de la presente reglamentación”.
Se prevé invitar gremios, organizaciones de asistencia social, a las iglesias, a las cámaras empresarias, al Departamento General de Irrigación, entre otros. También se invitará a formar parte a intendentes, exgobernadores, al Consejo Empresario Mendocino (CEM), a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y a la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).
Según el artículo 7 de la ley, podrán integrar el Consejo "aquellas organizaciones que: sean personas jurídicas constituidas regularmente, con domicilio en la Provincia de Mendoza y con su documentación al día. Que sus estatutos los definan claramente como representantes de alguno de los sectores listados en el artículo 6. 7.3. Que sus objetivos estatutarios estén relacionados con los del Consejo y que puedan certificar actividad ininterrumpida en tal sentido, en los últimos tres (3) años. Que desarrollen su actividad principalmente en el ámbito de la Provincia de Mendoza".
