Entre todas las objeciones que este jueves se escucharon contra los embates del lobby minero para modificar la Ley 7722, Tania Garrido, de la Asamblea del Agua Pura de Guanacache, destacó por su énfasis en la presunta preocupación por el cuidado del agua de las autoridades mendocinas al tiempo que se descuidan poblaciones enteras, como la de Lavalle, ubicado en el tramo inferior de la cuenca. Remarcó además la doble vara de las autoridades, que declaman una preocupación por la crisis hídrica mientras permiten que Daniel Vila construya un dique en su estancia de San Isidiro que obstaculiza el paso de una cascada.
Garrido hizo foco en el concepto de desigualdad hídrica por el cual los pobladores de Guanacache fueron perjudicados a raíz de una noción oficial de escasez hídrica que profundiza y legitima el modelo inequitativo de distribución del agua en la cuenca del río Mendoza.
"Venimos a decirles que no. No hay agua para minería porque tampoco la hay para nuestro departamento. No es una problemática reciente, es de hace décadas, que cada vez se agrava más debido a un estado ausente que no tiene en cuenta a todos y todas a la hora de la distribución", señaló Tania al inicio de su exposición en la Legislatura.
Luego fue directo al foco de su intervención: "Cuando hablan de escasez hacen referencia a que es una problemática general. Estamos aquí para decirles que esa escacez de la que hablan es muy diferenciada, donde los contrastes del acceso al agua plantean interrogantes respecto de la universalidad. ¿Para qué actores, sociales, para qué territorios y para qué usos el agua es escasa? Para muchos, escasez es no poder llenar piscinas. No poder regar loteos y jardines en barrios privados. Para nosotros, en nuestro departamento escasez es la ausencia del agua. Es no poder tomarla, es no poder bañarnos, es no poder vivir dignamente".
Sobre el extremo noreste de Lavalle, donde habitan las comunidades huarpes, remarcó, "la falta de agua es histórica. Desde que se terminó la tan vanagloriada distribución para conformar los oasis, allí nuestro territorio comenzó la transición hacia el desierto que es hoy. Las obras magníficas que los gobiernos tienen como estandarte, los diques Cipolletti y Potrerillos, fueron desiguales en la apropiación y la distribución del agua. ¿Quiénes son los destinatarios de las políticas que instrumenta el gobierno para resolver la escasez? Es una escasez diferencial".
Aquí se refirió Garrido a la consabida apropiación de la cascada por parte del dueño del holding América -aprobada por Irrigación en 2017: "Mientras hay sectores enteros de la población sin agua vemos a empresarios que construyen diques, acaparándose arroyos completos de agua mineral, y no vemos a nadie cuestionando estas acciones. Muy por el contrario, en complicidad, funcionarios y legisladores hacen silencio. Pero sí vienen a poner en cuestionamiento una ley gestada por el pueblo mendocino a instancia de las vidas nuestras y de las vidas futuras".
La disputa por el agua del río San Isidro que puso nuevamente en el tapete Garrido como muestra de las múltiples varas con la que se mide la escasez en Mendoza arrancó en 2002, con una denuncia anónima que hablaba de una derivación del agua de un manantial al barrio Dalvian. En 2016, motoqueros que quisieron atravesar la cascada notaron que un dique d agua la interrumpía, grabaron un video y el tema tomó alcance nacional. La pelea por el agua de la cascada llegó a la Suprema Corte de Justicia. Irrigación comprobó que la obra se hizo sin permiso, pero luego le dio la venia argumentando lo mismo que Vila: que la obra servía para encauzar el agua. Las obras, concluyó Irrigación, "favorecen la captación para disminuir pérdidas en la olla al pie de la misma",
Archivo Explícito: la cascada natural en la que Vila construyó un dique
La referente de la Asamblea del Agua de Guanacache retomó entonces su hilo argumental de la doble vara de la escasez: "Mientras que Irrigación habla de uno de los años más duros de crisis hídricas, cuando vemos a los diques semi vacíos, en vez de estar discutiendo políticas de Estado para ver cómo encarar esta grave situación, estamos hablando de modificar una ley protectora del bien más escaso. Somos constantemente amenazados por actividades altamente nocivas, que si no fuera por leyes como ésta son instaladas de manera inconsulta, con decretos inconstitucionales, brindando marcos legales a las empresas y exponiéndonos a gravísimos riesgos de contaminación y daños irreversibles a toda la población".
(Por defecto del video de origen sólo se aprecia el audio en PC o en celular con auriculares en estéreo)
Meritócratas del agua
Lo expuesto por Tania Garrido ha merecido años de estudios de cientistas sociales sobre la desigual desigualdad en la distribución del agua en Mendoza. Un paper publicado en 2017 por María Virginia Grosso Cepparo, doctora en Geografía, investigadora del CONICET, habla del concepto de "agua perdida" que sustentó la construcción de diques que perjudicaron a Lavalle.<
"La idea de 'agua perdida' no hace más que exponer los criterios de eficiencia que priman en la administración de un bien escaso. De allí, que exista un claro consenso en evitar que los caudales circulen por el cauce aguas abajo, intempestivos a las fuerzas de poder que buscan almacenarlo y sumamente imprescindibles para la vida de las poblaciones y los ecosistemas ubicados en los tramos distales del río", indica Grosso Ceparo en su análisis.
Esa idea del 'agua perdida' se multiplica fuera del área metropolitana de Mendoza, "inclusive en territorios considerados marginales en función a un oasis mayor como el del Gran Mendoza".
Esto se inserta, sostiene la investigadora, "en un paradigma hídrico productivista que entiende al agua como un recurso económico escaso, como un factor de producción que debe merecerse (Aguilera Klink, 1998). Parafraseando a Foucault (1999a), el poder en torno a la apropiación y control del agua funciona en cadena, se ejerce en red y, en ella, los individuos están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Bajo esta lógica, mientras las cadenas de dominación se erigen y legitiman a lo largo de la cuenca del río Mendoza, van pautando una determinada circulación del agua, fijando un ciclo hidrosocial que irá construyendo territorios diferenciales en términos del acceso al agua (Swyngedouw, 2004)".
