Con la Legislatura blindada y rodeada por columnas gremiales, Alfredo Cornejo logró la media sanción a una reforma que modifica el Estatuto del Empleado Público. El proyecto, tratado en tiempo récord, introduce nuevas reglas de ingreso, sanción y despido, y fue defendido con una narrativa que estigmatiza a los trabajadores estatales. Sindicatos, legisladores opositores y referentes gremiales denunciaron la legalización de la precarización, inconstitucionalidad y una avanzada autoritaria.
Tal como ensalzó la narrativa de los enviados de Cornejo para defender el proyecto en comisiones, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y Javier Urrutigoyti, el oficialismo avanzó contra los estatales con la retórica de cuidar la plata de los contribuyentes. "Como si los trabajadores estatales no pagaran también sus impuestos", refutó la semana pasada en comisiones un referente del Partido Verde.
En tiempo récord Diputados trató y dio media sanción a la reforma del Estatuto del empleado Público
La escena fue elocuente: vallado policial, columnas sindicales, cánticos, pancartas y una Legislatura blindada. Afuera, la CGT Regional Mendoza encabezaba una masiva concentración junto a ATE, SITEA y CTA Autónoma. Adentro, el oficialismo daba media sanción a una reforma que modifica la histórica Ley 560/73, en apenas una semana y sin consulta a gremios ni debate público.
La protesta no fue simbólica. “No es una reforma, es una legalización de la precarización”, denunció Raquel Blas, referente sindical. Los gremios advierten que la norma consolida un sistema dual: unos pocos trabajadores con estabilidad y miles como “interinos” sin derechos plenos. Este jueves, volverán a movilizarse en la explanada de Casa de Gobierno.
Artículos que consolidan la precarización
El proyecto introduce un nuevo régimen de ingreso, sanción y despido. Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 9, que establece que quienes ingresen como personal interino no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios bajo contratos temporarios, locaciones o monotributo. En hospitales y centros de salud, más de 2.000 trabajadores quedarían en esta situación. “Un prestador con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero. Es una negación brutal del trabajo realizado”, señalaron desde ATE.
"Estamos saliendo todos los días a la calle por un plato de comida y por los Derechos. Tengamos memoria, estamos a un mes de las elecciones. Nuestro voto vale" https://t.co/SXe35Sw4hC pic.twitter.com/PFa0mzqcp0
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) September 3, 2025
El artículo 53 impide impugnar sanciones de hasta 15 días, lo que habilita cesantías encubiertas. Bastarían dos sanciones de siete días —sin posibilidad de apelación— para que un trabajador quede en situación de despido. “Es una herramienta de persecución. El trabajador queda a merced del jefe, sin defensa ni garantías”, agregó Blas.
El artículo 50 agrava aún más el escenario: incluso si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. Y si se trata de un interino, ni siquiera podrá ser reincorporado. Además, se elimina la escala indemnizatoria por antigüedad y se fija un monto único del 100% del último salario, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
Discursos que estigmatizan y legitiman el recorte
Desde el oficialismo, se apeló al discurso de eficiencia y al sacrificio de “los que pagan los impuestos”. Se habló de “buenos y malos empleados”, de “meritocracia” y de “reglas claras”, en una narrativa que estigmatiza a los agentes estatales y legitima el recorte de derechos adquiridos.
Enrique Thomas (PRO Libertad) cerró el debate con un discurso el que mechó la "meritocracia" el "equilibrio fiscal" y la transparencia, a la vez que dijo estar "jugado a muerte" con el proyecto libertario. Gustavo Cairo (LLA) defendió la norma como un ordenamiento necesario, alineado con jurisprudencia reciente.
"Ilegítima" e "inconstitucional"
Pero los bloques opositores desmontaron ese relato. José Luis Ramón (CxC) calificó la ley como “legal pero no legítima”. Emmanuel Fugazzotto (PV) denunció que se vulneran convenios colectivos y principios del derecho laboral. Gabriela Lizana (PFLN) alertó sobre el sesgo discriminatorio y los riesgos de inconstitucionalidad. Germán Gómez (PJ) fue más allá: “Va en contra de pactos internacionales con jerarquía supraconstitucional”.
Incluso desde sectores que históricamente bregaron por el blanqueo laboral, como Edgardo Civit Evans (PJA), se lamentó que la reforma no garantice empleo ni jubilación digna. Jorge Difonso (LUM) advirtió que los costos judiciales no los pagará el gobernador, sino todos los mendocinos.
Una reforma que abre una etapa de conflicto
La reforma avanza, pero también la resistencia. Sindicatos, juristas y trabajadores anticipan una nueva etapa de judicialización, movilización y conflicto territorial. En nombre de los “contribuyentes”, el gobierno mendocino instala una lógica de disciplinamiento y precarización, mientras se debilita la profesionalidad estatal y se vulneran principios constitucionales.
