El juez neoyorquino Thomas Griesa condicionó el levantamiento de los embargos a la Argentina a que el Congreso de la Nación derogue la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. El presidente Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, están desesperados porque de la decisión del juez de Estados Unidos depende que puedan volver a endeudar al país en los centros financieros mundiales, donde se originó la deuda que terminó con default post masacre delarruísta en la Plaza de Mayo, el 19 y 20 de diciembre de 2001.

El macrismo, en principio con apoyo del massismo y de los peronistas arrepentidos tardíos del kirchnerismo, no tendría problemas para subordinar la decisión del Parlamento argentino a las exigencias de un juez distrital de Estados Unidos.

En lo que respecta a las condiciones para liberar la "injuction" que se encuentra vigente desde junio de 2014, que impide el pago a los bonistas reestructurados, pidió el levantamiento efectivos de todos los "obstáculos legislativos" con el fin de la denominada Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano, y que el gobierno argentino se comprometa a pagar en "full" bajo los términos acordados con los holdouts hasta el 29 de febrero. En su pronuniciamiento, el magistrado elevó un pedido de permiso para tomar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, su instancia superior.

Griesa condenó al país a pagarle el 100% del valor nominal e intereses sobre bonos basura de la deuda Argentina declarada en cesación de pagos al final de la orgía neoliberal que llevó a la Nación al borde de la desintegración tras la caída del gobierno del radical Fernando De La Rúa. En total, hasta el momento, la decisión del juez de Nueva York implica que los argentinos les deben 10 mil millones de dólares a fondos buitre que adquirieron los bonos a precios ridículos, con lo cual el juez les aseguró una tasa de ganancia insólita.

Los especuladores que fueron protegidos por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Barack Obama tienen el 7% del total de la deuda argentina en default. El 93% restante de la deuda fue reestructurada de común acuerdo con los acreedores en los denominados canjes de 2005 y 2010, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En un fallo insólito teniendo en cuenta las leyes de concurso de acreedores de todo el mundo, incluido Estados Unidos, Griesa consideró que el acuerdo con el 93% no invalidaba la pretensión de los buitres que tenían el 7% de la deuda.

La sentencia de Griesa contra el país fue rechazada hasta por la ONU a instancias de la postura del gobierno de la ex presidenta Fernández, que denunció imparcialidad manifiesta del juez estadounidense a favor de los buitres. El personaje más emblemático de esta historia es el capitán del movimiento buitre Paul Singer, quien compró los bonos en default a sabiendas de que controlaría la sentencia a su favor de tribunal del anciano Griesa.

Ley Cerrojo

La ley 26.017 entró en vigencia en febrero de 2005 durante el canje de deuda que promovió el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Por ella, el Estado otorgaba seguridad a los bonistas de que no se mejoría -en el futuro- la oferta del canje establecido en el Decreto Nº 1735 del 9 de diciembre de 2004. O sea que se que prohibía futuras negociaciones con aquellos acreedores que no se hubiesen adherido al canje de US$102.600 millones (el monto de la deuda más intereses) después del 25 de febrero.

En la era Boudou al frente del Ministerio de Economía, se impulsó una ley para suspender la vigencia de la ley cerrojo, mientras durase el segundo canje de deuda que tuvo lugar en 2010. La ley, por tanto, no rigió entre el 10 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre del 2010. Durante ese período entraron nuevos bonistas a la reestructuración de deuda, con lo que se pudo regularizar el 92% de la deuda defaulteada.

Ley de Pago Soberano

Esta norma sancionada por el congreso nacional facultaba al Poder Ejecutivo a reemplazar al Bank of New York por Nación Fedeicomisos, para permitir en en Buenos Aires el pago de la deuda reestructurada. La ley intentaba eludir un fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien había bloqueado todo pago a bonistas reestructurados hasta que el país no llegase a un acuerdo con los bonistas que no había ingresado a los canjes, los holdouts o fondos buitre.

Con la ley, se cambiaba la sede de pago, que pasaría a ser Buenos Aires o Francia (en vez de Nueva York). La ley también facultaba la la creación de Nación Fideicomisos, donde se depositaron los 200 millones de dólares correspondientes vencimiento de la deuda que tendría lugar el 30 de septiembre de 2014.