Ecogás y Enargás pegaron el faltazo en una reunión que pretendía juntar a los involucrados en el conflicto por el tarifazo del gas en la Legislatura, a la que sí asistieron la ONG Protectora -impulsora del amparo judicial que derivó en un fallo que frenó en 80% el aumento- la jueza Olga Pura Arrabal, autoridades legislativas y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli.
Todos esperaron al delegado local del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) y al gerente de la empresa Ecogás. El primero es el organismo descentralizado que debe regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas con referencia al gas, mientras que la segunda es la compañía –integrada por las distribuidoras de Gas del Centro SA y de Gas Cuyana SA– que desde hace más de 20 años presta el servicio en Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca, además de Mendoza, para abastecer a más de 1.250.000 clientes en 254 localidades.
Habían sido citados luego de que la Cámara Alta aprobara por unanimidad un proyecto de resolución al respecto presentado por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ), quien remarcó: “Es una vergüenza que no hayan asistido los representantes del Enargás y Ecogás para brindar las explicaciones del caso ante los senadores. Pediremos que sean convocados nuevamente la semana próxima, y si vuelven a faltar recurriremos a la fuerza pública para que se presenten, porque hay que dar un corte definitivo a este problema, que aqueja a toda la población de Mendoza”.
En el encuentro también estuvieron José Ramón, representante de Protectora; Enrique Tarditi y Rubén Palau, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme); Gustavo Correa, secretario general de la delegación local de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Héctor Antinori, presidente de la Unión Vecinal La Amistad, y Hernán Gutiérrez, presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores de Empresas Privatizadas, entre otros dirigentes de organizaciones sociales.
Arrabal destacó que el amparo por el cual falló a favor está plenamente vigente, trascendieron más denuncias referidas a que Ecogás no lo obedece y obliga a pagar lo que ya fue anulado o que hace refacturaciones que no cumplen con el dictamen porque pretende cobrar más de lo permitido.
Por su lado, Marinelli aseguró que el Poder Ejecutivo local no está de acuerdo con que el “atraso tarifario” pretenda solucionarse aplicando de golpe incrementos tan altos, sino que debería hacerse gradualmente. A esto, Ramón le contestó que hablar de atraso tarifario no es exacto desde el momento en que los aumentos contemplados oficialmente no se basan en el costo de la extracción del gas de los pozos –recalcó que nadie lo conoce porque no se difunde–, sino en los cálculos que establecen los accionistas de las empresas distribuidoras, por lo que no se ajustan a la realidad.