La CTA Autónoma incluyó la represión del 24 de mayo en Mendoza en un mapa nacional de criminalización de la protesta

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Los trabajadores que protestaban en la Casa de Gobierno fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Foto: Twitter @thisislasheras
Los trabajadores que protestaban en la Casa de Gobierno fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Foto: Twitter @thisislasheras

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma difundió un informe que da cuenta "de la crecida de la violencia antisindical en el último semestre". En el documento se refleja los alcances de las prácticas antisindicales y su generalización en todo el país, e incluye en un cuadro de protestas reprimidas lo ocurrido en Mendoza el 24 de mayo, cuando sindicalistas, trabajadores estatales y referentes de partidos políticos fueron repelidos de Casa de Gobierno con gas pimienta.

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“La lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”, indicó a Página 12 Luis Campos, coordinador del equipo de investigadores la CTA Autónoma.

Sobre la criminalización de la protesta, el Observatorio indicó que de enero a junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias. No obstante, el informe aclara en varios puntos que no agota todos los casos ocurridos, pues se basa en datos publicados por la prensa y en otros casos no están interpelados directamente empleadores públicos ni privados. Por eso en el informe no figura, indican, la detención de Milagro Sala en Jujuy ni la de Nelson Salazar en Salta, "sin perjuicio de que en ambos casos también estamos frente a prácticas destinadas a limitar la protesta social".

“Además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”, señalaron los investigadores. El análisis fue realizado por Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos, Jimena Frankel y el mencionado Luis Campos.

Para el mismo período enero-junio registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias, es decir que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana.

Además en el mismo semestre, se registraron en total 15 casos de despidos de trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas.

Este es el informe completo de la CTA:

 

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