Por Ignacio Díaz
Para Rebelión
¿Y ahora qué? La pregunta resuena en cada rincón de América Latina. La incógnita por el futuro del país más grande de la región está instalada en casi todas las sedes de gobierno del mundo y miles de organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las consecuencias de lo que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (juicio político) sin base jurídica llegó hasta la última instancia, puso al mando del país a un Presidente no electo y revirtió una decisión tomada en las urnas por 54 millones de personas hace menos de dos años.
La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la notoria pérdida de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff, plantea un dilema central para el futuro nacional y latinoamericano. Si las democracias burguesas se sostienen en base al voto de los ciudadanos casi como única instancia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el descontento social sin esa posibilidad?
El sistema político brasileño está atravesado por la corrupción, como muestran los avances judiciales del proceso denominado Lava Jato, y cada vez se aleja más del grueso de la población, que reclama elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente. Michel Temer apenas tiene el apoyo de entre el 10 y 14% de los brasileños según encuestadoras pero, sin haber sido elegido, podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1 de enero de 2019.
Giro político
El débil gobierno al mando del país se propone tareas de gran magnitud e impopularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña base de sustentación social. La silbatina masiva que recibió en la inauguración de los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y lo hizo desistir de participar de la ceremonia de cierre junto al primer ministro japonés Shinzo Abe (Tokio será la próxima sede olímpica) le demostró a Temer que su punto de partida es el repudio generalizado.
Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque necesita garantizarse un margen mínimo de gobernabilidad. La Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp) y otras importantes organizaciones empresariales, los grandes capitales extranjeros (“los mercados”) y fuerzas políticas de derecha como el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) son sus verdaderos apoyos. A cambio, debe llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por eso el Psdb no afloja la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra la candidatura Rousseff-Temer de 2014 por financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la elección. No buscan eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal.
Temer tendrá su primera presentación internacional el 4 y 5 de septiembre en China, en la cumbre del G-20. Allí buscará celebrar reuniones bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con China y captar inversiones extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde la suspensión de Dilma.
Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa que burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en cuanto sea posible: las reformas laboral y jubilatoria y una enmienda constitucional para impedir el aumento real del gasto público. Los contenidos: aumento en diez años de la edad mínima jubilatoria y en cinco años el tiempo necesario de las contribuciones; reducción de derechos laborales como el aguinaldo, horas extras, vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va a imponer que las reglas del trabajo sean firmadas solo entre las dos partes, obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la venta de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile.
A esto hay que sumarle medidas concretas contra la agricultura familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las fronteras a los refugiados sirios; recortes en programas educativos; eliminación de la exclusividad de Petrobras para la explotación de los yacimientos de petróleo en aguas profundas; retiro del paquete de leyes anticorrupción enviado por Dilma al Congreso.
Otro giro de envergadura se desenvuelve ya en el campo de la política internacional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación de Venezuela al Mercosur, trabajó en la edificación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancillería, Brasilia se desplaza nuevamente hacia la órbita de Washington.
Obstáculos sociales
En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es cuánto margen social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más allá de tener el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Hasta ahora, decenas de fuerzas sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han organizado en torno al Frente Brasil Popular, para formar una gran alianza “en defensa de la democracia y de otra política económica”. Si bien su objetivo inmediato fue enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se reunieron en torno a cuatro puntos: defensa de los derechos de los trabajadores; ampliación de la democracia y la participación popular; campaña por reformas estructurales (del Estado, política, del poder judicial, de la seguridad pública, de los medios de comunicación, agraria, urbana, de salud, de la educación y tributaria) y defensa de la soberanía nacional.
Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal del PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de existencia y tienden a la confluencia. Sin embargo todavía no ha habido grandes movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social, los que salen a las calles por ahora son sólo los militantes.
Ante la posibilidad del llamado a una huelga general, Stedile explicó que “el movimiento sindical encuentra dificultades. Hace 28 años no se realiza en el país una huelga política y la clase obrera, muy joven, no tiene experiencia. Por eso estamos discutiendo con las bases la practicidad de una huelga general”. Pero advirtió que “la lucha de los campos se intensificará”, con crecientes movilizaciones y ocupaciones de tierras. “Hay un proyecto de ley para liberalizar la venta de las tierras brasileñas al capital extranjero. Los movimientos campesinos han amenazado que si el proyecto se convierte en ley, cada hacienda vendida al capital extranjero será inmediatamente ocupada”, desafió.
Pese a las dificultades y la fragmentación actual, las condiciones para la re-emergencia del movimiento popular brasileño ya están dadas y su poder potencial es demasiado grande para un gobierno que carece de apoyos significativos en la población. Aunque en lo inmediato no se espera una explosión social que revierta la acción del Congreso, no se puede descartar una salida anticipada de Temer.
Otro frente para el ex vicepresidente de Dilma es el judicial. Si bien la ley protege al Presidente contra cualquier denuncia por delitos cometidos antes de asumir el cargo, la declaración del empresario Marcel Odebrecht (de la constructora más grande del país) en el caso Lava Jato amenaza con reducir todavía más la popularidad de Temer, que le habría pedido dinero para la campaña de 2014, canalizado ilegalmente a través de Petrobras. Su círculo de funcionarios también puede sucumbir ante las delaciones de los “arrepentidos”. Entre ellos José Serra, acusado por el empresario de recibir 23 millones de reales “por fuera” para su campaña presidencial de 2010.
Pese a todo, una de las ruedas institucionales sigue su movimiento y los partidos ya están en campaña para las elecciones municipales del 2 de octubre. A un mes de la votación, predominan las denuncias cruzadas de corrupción y otros delitos contra una larga lista de candidatos. Será la primera vez que los partidos se sometan a las urnas desde que las investigaciones judiciales por corrupción salpicaron a miembros de casi todas las fuerzas políticas. La prueba es importante para el PT, el Psdb y el Pmdb de Temer. Para el partido de Lula, al que algunos exigen que se lo declare ilegal, el eje está puesto ahora en la movilización social.
Obstáculos económicos
La continuidad de la recesión, con una caída del PIB estimada en 3,5% para este año, el desempleo por encima del 11% y el alto déficit fiscal ensombrecen los pronósticos favorables que busca instalar el gobierno de Temer. Según el presidente en funciones la economía ya da “señales de recuperación”, las empresas y familias elevan la confianza y en 2017 Brasil volverá a crecer. Una de las señales serían las ganancias que los capitales financieros están obteniendo en la Bolsa de San Pablo. Otra es la fuerte apreciación del real frente al dólar durante los últimos ocho meses.
La principal exigencia empresarial es la reducción del déficit. Pero el Pmdb profundizó el rojo de las cuentas fiscales al aumentar salarios de funcionarios públicos y jueces y multiplicar la cantidad de cargos para nombrar en el Congreso, con la inconfundible intención de garantizar el avance y aprobación definitiva del proceso de impeachment. Este año el déficit no bajará de los 170 mil millones de reales (53 mil millones de dólares) y la meta para 2017 es llevarlo a 139 mil millones de reales (43 mil millones de dólares) con los ingresos que se esperan de las privatizaciones.
En el terreno industrial, la producción fabril aumentó 1,1% de mayo a junio, pero registró una caída interanual de 6% y una baja semestral de 9% según información oficial. Datos de julio mostraron el desplome de la producción de automóviles: 15,3% en doce meses por una merma de 20,3% en la demanda de nuevos vehículos.
Los 12 millones de brasileños desempleados y los 10,3 millones a los que se considera “trabajadores informales”, incluyendo los que pasan el día en los semáforos, y ganan hasta medio salario mínimo (440 reales) siguieron creciendo en los últimos meses, según datos de la FGV.
Pese a la falta de empleos, Temer cortó de inmediato el plan de vivienda gubernamental, que procuraba construir dos millones de casas en dos años y generar 1,3 millones de empleos, según cálculos de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
Futuro del PT
El 16 de agosto Dilma y Lula fueron formalmente imputados y serán investigados por “obstrucción de la justicia” en el caso Lavo Jato, que develó el esquema de sobornos pagados por grandes constructoras con eje en la estatal Petrobras. La acusación señala que estaban al tanto del sistema de coimas y quisieron bloquear las investigaciones.
Lula eligió apostar a una campaña internacional para denunciar una persecución política y judicial en su contra, cuyo fin sería impedir su candidatura en 2018. Busca reconstruir el PT desde la movilización de las bases en las calles.
Dilma decidió enfrentar a los senadores y dar un mensaje público al pueblo brasileño en apoyo a la convocatoria a elecciones anticipadas. Propuso un pacto por la unidad nacional, el desarrollo y la justicia social como “único camino para salir de la crisis” y sostuvo el lema “ni un derecho menos”. También habló del “agotamiento del sistema político” y planteó que es necesario “superar la fragmentación de los partidos, transparentar el financiamiento electoral, fortalecer la fidelidad partidaria y dar más poder a los electores”. Por último, defendió con argumentos claros su honestidad y señaló la ilegalidad del impeachment, pero no hizo autocrítica sobre el rumbo que imprimió a su gobierno el año pasado tras dar la espalda a sus votantes.
¿Se recuperará el PT de este último golpe? Es la gran incógnita. Y no sólo para Brasil. El partido estaba debilitado, desmotivado y desmovilizado hace tiempo. Su posibilidad de resurgir depende ahora de la reacción social que provoquen el golpe y el nuevo programa de gobierno.
