La Unión Comercial Industrial de Mendoza celebró el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza que dictaminó que la ley 7722, que prohíbe el cianuro y otras sustancias contaminantes en la minería, es constitucional. Los empresarios habían manifestado meses atrás su preocupación ante el avance del lobby minero para voltear la norma en tribunales, que no prosperó.
La norma en su artículo 1 estipula que "a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
Con esta declaración, evaluó la UCIM, "la Corte privilegia el cuidado del agua por sobre otros derechos y apoya el modelo agroindustrial sobre el que se sostiene nuestra provincia".
En consideración de la UCIM, la ley "no impide el desarrollo de actividades industriales compatibles con el medio ambiente y respetuosas del escaso recurso que representa el agua para nuestro territorio".
Y remarcó: "Dada las presentes circunstancias, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza celebra que las autoridades judiciales se encuentren en sintonía con el pueblo de la provincia y se compromete a seguir apoyando a un empresariado comprometido con el resto de los ciudadanos y responsable de su medio ambiente".
