El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, negociarán un pacto sobre la aplicación preventiva que solucione el principio de conflicto de poderes presentado luego de que el máximo tribunal emitiera un protocolo de aplicación de ese recurso para jueces y fiscales al considerar que en la práctica se ha perdido el rumbo marcado por la ley. Este lunes a las 12,30 está convocado el encuentro del que participarán los jueces del tribunal supremo y funcionarios del nuevo gobierno.
Para el Gobierno, el fallo es garantista y alejado de la realidad, como insistió este lunes el ministro de Seguridad, Gianni Venier. Para la Corte, según se plantó en un comunicado, el fallo "no ha abolido leyes u ordenado la libertad de personas condenadas o con prisión preventiva dictada por juez competente o por el Ministerio Público, sino que tiene por “objeto regularizar estas últimas órdenes de detención”.
El protocolo fue diseñado en respuesta a una querella de la Asociación Xumek que objetó los términos del dictado de la prisión preventiva destinado a un colectivo de más de 800 presos en un grupo mayor que son los detenidos sin condena del Estado provincial. Cornejo atacó el fallo en dos flancos: por los plazas que le impone a los investigadores para probar la necesidad de la preventiva y por otro la pérdida de efectos sobre la reincidencia personal en el delito de los presos detenidos mientras esperan una sentencia.
Informe Explícito: Un protocolo sobre prisión preventiva para funcionarios judiciales detonó un conflicto de poderes
