En la Justicia de Jáchal se inició un proceso en la búsqueda de que pase a ese ámbito la decisión sobre la reapertura de las actividades de la Barrick en la mina Veladero, que están suspendidas por una decisión política desde que se comprobó que se produjo un derrame de agua con cianuro el 8 de setiembre pasado, el segundo en un año en la planta del departamento Iglesia.
El diario de Cuyo informó que el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, a cargo de la investigación penal por el derrame, consideró que hay elementos de prueba que justifican la instrucción de una causa en el ámbito penal de la Justicia de San Juan. Así se lo expresó al juez interviniente, Pablo Oritja, junto al pedido de una cautelar que impida las operaciones de la Barrick en Veladero hasta que se releven las pruebas necesarias para el avance del expediente por el derrame tóxico.
La cautelar no tendría efectos prácticos inmediatos, pero le sacaría la potestad al gobernador Sergio Uñac de decidir el momento de reapertura de la planta minera. Los plazos pasarían a depender de Oritja, un juez que es cuestionado por los ambientalistas jachalleros en su accionar en las causas contra Barrick.
La Justicia de Jáchal es vista con desconfianza a punto tal que el referente de los abogados ambientalistas del país, Enrique Viale, contempló que la Corte Suprema de la Nación favoreció a la minera trasnacional al destinar la investigación del derrame de más de un millón de litros de tóxicos ocurrido en setiembre del 2015 al tribunal sanjuanino en el marco de una disputa de competencia con el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Casanello.
