Las nuevas audiencias del Megajuicio de lesa humanidad contra exjueces, expolicías y exmilitares revelaron otra parte central de la estrategia de la defensa de los acusados: invalidar el aporte de cientos de testigos que fueron víctimas directas o familiares de quienes sufrieron en carne propia el aparato represivo de estado a través de sus distintos estamentos. En esa línea el defensor Leonardo Pérez Videla pidió absolución lisa y llana para oficiales del Ejército y miembros del D2, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia.
Pérez Videla trató de responsabilizar al Ejercito por los ilícitos cometidos en el exD2 para despegar a sus defendidos. Se enfocó en lo que consideró “contradicciones” en las declaraciones de las víctimas y las usó para afirmar que faltan pruebas para que se los incrimine, según reporta el sitio juiciosmendoza.blogspot.com, que lleva al día las crónicas del Megajuicio.
El abogado remarcó que, según la óptica de la defensa, no se puede condenar a “una cabeza policial ni militar por acciones que llevó a cabo una estructura paramilitar”. Esa misma argumentación utilizó Ramiro Dilon, otro de los defensores oficiales, al inicio de los alegatos de las defensas: fueron las cúpulas y militares que ya murieron los responsables de las acciones ilegales (se niegan a reconocer un plan de exterminio), no los hombres sentados hoy en el banquillo.
Un ejemplo es el caso de Rosa del Carmen Gómez, en el cual la Defensoría intentó desvincular a Rubén Darío González y Julio Héctor Lapaz de la responsabilidad penal del delito de violación sexual. Con largos detalles innecesarios y citas de testimonios, Pérez Videla quiso culpabilizar de estos vejámenes, únicamente, a Manuel Bustos Medina, personal de la policía, ya fallecido. Aunque dijo no querer emitir consideraciones por respeto al horror vivido por Rosa Gómez, desestimó el maltrato hacia las mujeres al decir que no se puede saber con certeza quiénes tenían el dominio de estos hechos.
