Las comunidades mapuches de Neuquén repudiaron el plan del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general José Gerez, para implementar un blindaje judicial contra las protestas en Vaca Muerta. La iniciativa contempla declarar ilegítimas las manifestaciones en la zona de extracción petrolera. El jefe de los fiscales neuquinos discutió los detalles de implementación con Alejandro Díaz, CEO de AmCham (la cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), y Martín Kindl, director de relaciones institucionales del IAPG (el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas), con quienes mantuvo un encuentro el martes, reveló el diario Río Negro.
La trascendencia de la movida generó la reacción en contra de distintos sectores, principalmente de las comunidades mapuches, que en la consideración del Ministerio Público, coincidente con la del gobierno nacional, protagonizan la principal hipótesis de conflicto en Vaca Muerta.
Micaela Gomiz, abogada de la Confederación Mapuche de Neuquén, consideró "grave" que el Ministerio Fiscal "se reúna con cámaras empresariales del imperialismo yankee para determinar cuáles deben ser las normas que rijan en nuestro territorio, que es soberano e independiente. No deberían estar discutiendo con empresarios las normativas para sus ciudadanos", cuestionó.
El plan delineado por Gerez considera declarar ilegítimas las protestas que obstaculicen las operaciones de las petroleras en los yacimientos de la formación no convencional neuquina. Las líneas de acción delineadas por el jefe de los fiscales tienen como objetivo impedir que los conflictos entre las petroleras y los pueblos originarios generen contratiempos para la producción de los pozos. La intervención de Gerez no es la única que persigue ese fin.
Un antecedente cercano
Hace dos semanas, otro tipo de blindaje les fue garantizado a las empresas con la venia de los sindicalistas petroleros Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo, quienes sellaron un acuerdo que implica la renuncia al paro como herramienta de presión frente a los conflictos laborales, que se resolverán mediante un mecanismo de negociación entre las partes.
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En una entrevista con radio UNCo Calf Gomiz puntualizó que "hay un interés del Ministerio Publico Fiscal de avanzar con medidas penales que tienen que ver con criminalizar la protesta social. La explotación petrolera afecta no solo ambientalmente, sino que afecta derechos de las comunidades, de los trabajadores, y de todos los sectores que no están beneficiados por esa explotación, porque en definitiva nada queda para el pueblo, y si para estas grandes empresas".
Sostuvo que la aplicación de la ley penal es la última instancia en un conflicto. "La ley penal llega cuando han fallado todos los demás instrumentos del estado. Cada vez que hay un abordaje desde la ley penal, ya sea con mediación o instrumentos más tradicionales, para resolver conflictos sociales o políticos, la protesta es una consecuencia".
Y cerró: "Sabemos que la proyección de Vaca Muerta va en ascenso y que beneficia a unos pocos a costa de los derechos de muchos, por eso se avanza en un blindaje laboral con la complicidad de sectores sindicales petroleros y ahora con complicidad judicial para avanzar con el blindaje penal. Y se quiere avanzar contra la protesta porque hay incumplimientos que el propio poder político genera. No existe la misma preocupación del poder político o del Ministerio Público Fiscal para que se avance en la registración de tierras de las comunidades indígenas".
Contra el consejo de la ONU
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas recomendó, en su último comunicado en octubre, que el Estado Argentino desista de la criminalización de la protesta de las comunidades indígenas, y mencionó de manera específica el caso de los mapuches en Neuquén.
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En un apartado especial señala este organismo de la ONU su preocupación por la criminalización de la protesta social en los últimos años: “Se han reportado varios casos de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, con una tendencia a la confrontación violenta y la criminalización a quienes solicitan la restitución de los territorios indígenas”.
