En estos días se discute en la Legislatura de Mendoza sendos proyectos legislativos impulsados por el lobby prominero. Uno de ellos intenta reformar la Ley 7722, que impide el uso de sustancias contaminantes, entre ellos el cianuro, en la actividad minera.
Quien fuera titular de la ong Oijos y exsecretario de Ambiente en la gestión de Alfredo Cornejo, Eduardo Sosa, elaboró un escrito con su opinión sobre estos intentos reformistas.
"La ley N° 7722 es probablemente la construcción socio-ambiental más relevante de los últimos 30 años, ya que fue producto de largos e intensos debates en todo el territorio, además de un conflicto que duró cuatro años (2003-2007) y que trajo profundas consecuencias sociales -indica en el escrito-. La norma ni bien ingresó a la legislatura fue abordada por varias comisiones, y muchas instituciones académicas, científicas, organizaciones sociales, sindicatos y cámaras empresariales pudieron dar su opinión sobre el proyecto de ley que se estaba tratando. Luego de sancionada y promulgada, la norma fue cuestionada por el sector minero a través de la interposición de diez acciones de inconstitucionalidad. El reclamo quedó zanjado en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en 2015 con un fallo que ratificó su vigencia".
Sosa advierte en su escrito que las modificaciones propuestas por el justicialista Alejandro Abraham tienen un solo beneficiario: el proyecto San Jorge, que es el único que podría operar al eliminarse las restricciones a "otras sustancias tóxicas similares" al cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, como precisa la ley.
"Curiosamente, el proyecto de ley le abre las puertas a un solo proyecto minero, con lo cual los legisladores en caso de aprobar el texto tal como se propone, habrán votado una norma que atiende los intereses de una sola empresa en desmedro de muchos sectores sociales, no solamente de aquellos que han defendido la norma sino de los mismos sectores promineros, que con este texto del senador
Abraham ven cómo una sola empresa es beneficiada y el resto de la actividad minera queda en igual o peor situación que antes", indica el ex funcionario.
Otro de los puntos que beneficiaría sólo a San Jorge es el que implica omitir la ratificación legislativa, advierte Sosa: "No le abre las puertas a los proyectos mineros en su conjunto, sino que lo hace solamente con el de Minera San Jorge, quien a partir de esta remoción por parte de los legisladores, estaría en condiciones de operar el proyecto que obtuvo la DIA en 2011 (la actualización fue rechazada por la resolución N° 1027/17 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que somete al nuevo proyecto a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental) si la Secretaría de Ambiente valida tal resolución aprobatoria".
En el caso del proyecto legislativo de Agulles, advierte el ambientalista que "va mucho más allá y solicita la derogación de casi 30 normas provinciales".
Otro de los puntos que tocó Sosa en su escrito es el mito de la creación de trabajo a gran escala que prometen siempre los lobbistas de la minería. En ese sentido acompañó un cuadro estadístico:
Este es el documento completo elaborado por Eduardo Sosa:
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