La Confederación Mapuche, junto a la APDH, la Pastoral Social y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se presentaron este martes ante el fiscal una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las responsabilidades penales de funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, YPF y Schlumberger en el derrame en el Yacimiento Bandurrias, que opera la petrolera YPF.
La denuncia señala las posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos del área de ambiente, y que alcanza al Secretario de Estado, Jorge Lara y al Subsecretario de Ambiente Juan Lucchelli. La denuncia también está dirigida a una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de Y.P.F. en las personas físicas que las representan.
El derrame puso en alerta por la potencialidad de un enorme impacto ambiental, ya que el pozo no convencional quedó fuera de control durante 36 horas. "Hay que investigar si no se cometió el delito de encubrimiento de los funcionarios públicos. Contaminar en Argentina es un delito, y tiene que tener consecuencia mucho más graves que las multas que se han anunciado y que son caja chica de las petroleras", señaló Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
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Viale tuvo una participación activa en las causas penales que se iniciaron contra funcionarios públicos y gerentes y directores de la minera Barrick Gold y adelantó que "si es necesario esta denuncia la vamos a llevar a tribunales internacionales".
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A su turno, Rubén Capitanio señaló en radio UNCo Calf que "esto no es una cuestión de multas. Esto es un grito de la Tierra, es la expresión de los pobres. Los aborígenes van a ser las primeras víctimas y luego seremos todos".
El derrame de Bandurria generó el alerta de organizaciones ambientales del orden nacional como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN y la reconocida Greenpeace. Asimismo, la denuncia cuenta con el aval del Senador Nacional, Fernando Pino Solanas quien enviará una comunicación dirigida al jefe de Fiscales, José Gerez.
"La denuncia se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, para el supuesto de quien, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Ley establece además, una responsabilidad especial cuando la contaminación sea producto de imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas", señaló la Confederación Mapuche.
Especialmente, destaca que cuando alguno de los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, "la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
